INDICADOR POLITICO
+ Sedena y grilla de diputados
+ Congreso desaira a militares
Carlos Ramírez
La frivolidad y desorden imperante en la Cámara de Diputados por el reparto arbitrario del presupuesto en función de intereses de camarillas estatales provocó una fricción innecesaria en el ejército por la asignación de una partida adicional para la incorporación de nuevas tropas a la lucha contra la inseguridad.
El problema lo provocó el jefe de la bancada del PRI en la Cámara, Francisco Rojas Gutiérrez, al afirmar que el ejército había decidido no solicitar recursos adicionales. Agobiado por su impericia en el manejo de una bancada priísta que ya gobierna el país como una alterna presidencia de la república, Rojas no entendió de los matices de la política.
En el fondo, Rojas y el PRI se quisieron colgar la medallita de una partida adicional de 13 mil millones de pesos y abrieron un canal paralelo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero se encontraron con el hecho de que ahí priva la institucionalidad constitucional. Al final, Rojas y el PRI sólo buscaron que el ejército les agradeciera directamente a ellos esa partida y por ello buscó al general secretario Guillermo Galván.
Cuando la respuesta castrense fue que el ejército carece de facultades para pedir recursos porque forma parte del ejecutivo federal, Rojas trató de escabullirse del enredo culpando a la Sedena de “rechazar” esa partida. La Cámara ciertamente tiene facultades para “sostener” a las fuerzas armadas, pero en realidad los priístas quisieron negociar directamente con el ejército violando las reglas de la institucionalidad republicana y constitucional.
De ahí que los responsables del desaguisado sobre la partida especial para el ejército no fueron funcionarios de la Sedena y menos el general secretario, quien a veces hasta peca de cuidado en sus tratos porque sabe que gestos y hasta lenguaje corporal pueden dejar equivocaciones. En cambio, Rojas Gutiérrez fue apabullado por el estilo priísta de repartir dinero presupuestal como Santa Claus, pero no como una formas de potenciar el desarrollo sino para cumplir complicidades del poder. Por ello es que la mayoría priísta se quedó con la mayor parte del gasto disponible para obras como una forma de garantizar fuerza presupuestal a los gobernadores priístas con miras a la elección presidencial del 2012.
En la presentación del panorama de movilizaciones para el 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional delineó la necesidad de organizar nuevas unidades. Hasta ahora, las fuerzas armadas y particularmente el ejército se han convertido en la primera línea de combate y la última línea de defensa del Estado y la sociedad en la lucha contra el crimen organizado. Ahí está el caso de Ciudad Juárez, donde la sociedad pidió el retiro del ejército y ahora clama por el regreso de los militares ante la profundización de las acciones violentas de los delincuentes y la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal para organizar fuerzas policiacas leales y no corrompidas.
En este contexto, en el sector militar cayó bastante mal la afirmación de Rojas Gutiérrez de que la Secretaría de la Defensa Nacional había declinado el presupuesto adicional de 13 mil millones de pesos. Lo que se le dijo a Rojas Gutiérrez fue que la Sedena no era la ventanilla donde atender a los diputados priístas. Pero agobiado por las presiones y su propia inexperiencia política, el jefe de la banca del PRI hizo hasta un mohín de disgusto cuando informó que la Sedena había rechazado la partida adicional.
El problema en que metieron los legisladores priístas, y en el camino arrastraron a las demás bancadas que se quedaron con la información de Rojas Gutiérrez es grave: los planes militares de nuevas unidades tendrán que posponerse o habrá reasignaciones al presupuesto aprobado. Con esa mala operación presupuestal, los legisladores priístas como responsables de las asignaciones presupuestales demostraron su incomprensión hacia el papel que juegan las fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad.
A lo largo de las semanas de asignación de recursos, la Sedena entregó a los legisladores información precisa de los gastos que se realizan en el programa de emergencia contra la inseguridad, sobre todo sin apelar, como lo hace la policía federal, a que los gobiernos estatales y municipal traten de cubrir parte de los gastos de estancia de sus efectivos. Los militares asignados en los estados tienen espacios especiales dentro de la estructura castrense, lo que inclusive garantiza los aleje de la corrupción criminal.
Con el tropiezo en la asignación del presupuesto a la Sedena, los legisladores priístas --y la pasividad de la bancada panista que se ha dedicado a flotar pero fortalecer la gestión del presidente Calderón-- mostraron su incomprensión hacia el tema de la inseguridad, a pesar de que los militares han arribado particularmente a los estados gobernados por priístas a realizar la tarea que los gobernadores tricolores no han podido realizar: Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Eso sí, esos gobiernos estatales salieron con partidas especiales para inversión pública que sólo beneficia la gestión política estatal.
El problema de fondo fue de gestión y de interés particular de la bancada priísta de quedarse con la medallita de la partida adicional. La negativa del ejército a gestionarla evidenció que los militares prefieren la institucionalización aunque con ello carezcan de fondos para nuevas unidades. Ahora los priístas tendrán que cargar con la responsabilidad de que el ejército no tenga los fondos suficientes para las nuevas unidades que se necesitan en su lucha contra el crimen organizado.
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