+ Chihuahua: Duarte, desbordado
+ Nuevos retos, viejos políticos
Carlos Ramírez
Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es aceptar la derrota. Y luego del colapso institucional en Tamaulipas, Ciudad Juárez ha comenzado a reconocer que los delincuentes han ganado.
La toma de posesión de César Duarte como gobernador de Chihuahua no pudo remontar la principal preocupación de la sociedad y se dio entre tres coyunturas: el editorial de El Diario de Juárez abriendo una interlocución directa con el crimen organizado, la presencia en el equipo de Duarte del fallido secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia, y la toma de posesión de Héctor Teto Murguía como alcalde priísta de Juárez a pesar del saldo negativo de su gestión anterior y de que Saulo Reyes, secretario de Seguridad Pública de la anterior administración municipal de Teto Murguía, cuando fue atrapado in fraganti con varias centenas de kilos de marihuana..
Y una certeza obvia: el nuevo gobierno estatal de Duarte no pudo responder a las graves y perentorias exigencias de la sociedad.
Chihuahua no pudo contener la oleada criminal. Y la sociedad chihuahuense ha preferido en los hechos cometer uno de los más dañinos errores estratégicos en términos sociales, políticos y morales: pactar directamente con los delincuentes. El editorial de hace un par de semanas de El Diario de Juárez incluyó simbólicamente a los criminales en su consejo editorial, al pedirles línea periodística para llevar la fiesta supuestamente en paz. Los delincuentes le ganaron al medio pero no al Estado.
Ayer domingo, La articulista Sandra Rodríguez Nieto, de El Diario de Juárez, escribió en el suplemento Enfoque de Reforma el acta de capitulación social: “en esta entidad, los criminales son las autoridades de facto”. El problema no radica en el hecho de que las bandas criminales ocupen espacios territoriales, sino en el dato político de que la sociedad comienza a ver a las mafias como una autoridad. El fondo es el mismo: la sociedad juarense, gobernada por panistas y priístas, ha comenzado a reconocer el poder de los delincuentes. Así comenzó Tamaulipas y así terminó la administración de Eugenio Hernández: una entidad de la república sin gobierno estatal ni autoridades municipales.
El gobernador entrante chihuahuense César Duarte encaró una severa crisis de expectativas antes de tomar posesión. Hoy asumirá el control del gobierno sin ofrecer un plan coherente, estructural y enérgico de combate al crimen organizado. De nueva cuenta, las autoridades estatales --como en Tamaulipas-- le apuestan localmente ser las víctimas de su propia ineficacia, pero a endosarles los costos del fracaso a las autoridades federales. El peor escenario para Chihuahua es mirarse en el espejo tamaulipeco: un crimen organizado que aplastó a las autoridades municipales y estatales.
Duarte necesitaba un mensaje de definición pero perdió la oportunidad de ofrecer un alivio a la sociedad; su periodo de gobernador electo pasó en la oscuridad política, rodeado de muchos de los funcionarios estatales y municipales de seguridad que han sido responsables del crecimiento de la inseguridad. El reclamo juarense es el mismo del tamaulipeco: los criminales han rebasado a los gobiernos estatal y municipal. Pero la sociedad misma en ambas plazas no ha querido entender su papel en la crisis: los criminales se asentaron en esas zonas por la complicidad de los gobiernos estatales y municipales pero con la complacencia apática o activa de la sociedad.
El gobierno de Duarte ha comenzado mal: sin expectativas, pasmado ante la realidad, sin ejercer el liderazgo político, sin una oferta real de gobierno. El grave error político en Tamaulipas y Chihuahua fue su tendencia a excluirse del surgimiento del problema y por tanto de salirse de la toma de decisiones. El ejército y la policía federal llegaron a ambos estados sin un trabajo político y social de los gobiernos estatales. Y ahí estaría parte del problema multiplicado: la sociedad sin conducción política prefiere el acuerdo con los criminales que el apoyo a las medidas extremas de seguridad para combatirlos.
Chihuahua y Tamaulipas, además, son parte del mismo escenario analítico: gobiernos priístas refrendados por la sociedad. O la oposición realmente carece de fuerza y ha sido incapaz de un discurso de críticas a las complicidades o en esas entidades se han enraizado las relaciones de complicidad y connivencia entre la sociedad y sus representaciones sociales --entre ellas los medios-- con el crimen organizado. Lo que ha fallado en esas entidades es el PRI como sistema de tejido social y político.
La crisis de seguridad tiene una explicación histórica: la alternancia partidista en la presidencia de la república dejó sin funcionar los acuerdos, pactos, entendimientos y complicidades que permitieron en los últimos años priístas el control social y político sin liderazgo político; pero esa alternancia no definió las nuevas relaciones de poder. Ahí la falla fue de Vicente Fox: por comodidad prefirió co-gobernar con el PRI y desde luego con sus redes de intereses.
Chihuahua no tendrá solución mientras el gobierno de Duarte no entienda la lógica de la criminalidad y mientras no realice una limpia en su partido a nivel estatal. Duarte podrá tener el gobierno estatal, pero ya se ve que la sociedad y sus instituciones y medios han escogido entenderse directamente con la delincuencia.
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