+ Primarias, solución electoral
+ Poder a gente, no a partidos
Carlos Ramírez
Si alguna solución puede darse al conflicto interno en los partidos por la asignación de candidaturas y su secuela de los chapulinazos de aspirantes que brincan de un partido a otro engañando a los electores, la reforma electoral democrática que le conviene a la sociedad debería de implantar el mecanismo de las elecciones primarias.
En España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quiso imponer a su ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, como candidata del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero las elecciones primarias consignaron la candidatura del disidente Tomás Gómez. En los Estados Unidos las elecciones primarias han impedido centralizar el poder en el presidente de la nación o en los jefes de los partidos.
Las elecciones primarias para designar a los candidatos de los partidos han sido la solución para trasladar la decisión de las nominaciones a los electores. Esas elecciones primarias son organizadas por organismos oficiales e independientes de los partidos. A través de las primarias, los candidatos dejaron de ser cuotas de poder de los grupos dominantes.
El PRD, por ejemplo, se ahorraría muchos dolores de cabeza si su candidatura presidencial saliera de unas elecciones primarias. Los jaloneos entre López Obrador y Marcelo Ebrard van a fracturar al partido, si no es que ya le hicieron algunas cuarteaduras en su estructura principal. La encuesta que quiere imponer Manuel Camacho carecería de validez política porque sólo atendería a popularidad mediática y a intención de voto, no a voto efectivo.
Las elecciones primarias son votaciones entre varios aspirantes a alguna candidatura. Se realizan en urnas y con electores de carne y hueso. Existen campañas y, si se quiere, debates entre los precandidatos. El triunfador de las primarias es el que se convierte en candidato formal de un partido. Hillary Clinton, por ejemplo, era la aspirante preferida de los barones del Partido Demócrata, pero Barack Obama ganó las primarias y se quedó con la candidatura.
El principal problema aquí con las candidaturas a cargos de elección popular radica en la tradición priísta del dedazo: quien tiene el poder absoluto en una formación política es el que decide quiénes son los candidatos y éstos le deben lealtad al jefe máximo del partido. En la experiencia priísta el poder absoluto del presidente de la república estaba sustentado en el hecho de que el ejecutivo federal controlaba el presupuesto para su partido y por tanto tenía la facultad metaconstitucional de ser simultáneamente el jefe máximo del PRI. Y si además, el ejecutivo organizaba las elecciones a través de la Comisión Federal Electoral. Por tanto, México tenía emperadores sexenales.
La reforma electoral estructural le quitó al presidente de la república dos de sus tres facultades fundamentales: la organización de elecciones y el presupuesto público que iba a campañas. La tercera es la que está en debate: el poder absolutista del dedazo. Ahora mismo quien tiene el poder tiene la facultad de designar candidatos. Felipe Calderón tuvo la habilidad de quitarle al presidente Vicente Fox la facultad de designar candidato porque la elección del aspirante panista salía de una elección de consejeros panistas, pero hoy la mayoría de los consejeros panistas son de filiación calderonista. Por tanto, el vicio sigue siendo el mismo: candidaturas que derivan del poder de control, no de los electores.
Los tres principales partidos van a sufrir descalabrados y fisuras internas por la designación de sus respectivos candidatos presidenciales porque ninguno tiene una autoridad superior reconocida. Si el presidente Calderón ejerce el poder del dedazo, su candidato tendrá que enfrentar pugnas internas. Lo mismo ocurre en casos de aspirantes a gobernador: los candidatos saltimbanqui que cambian de partido como mudan de camisa dañan la política porque lo que les importa es el poder. Con unas primarias, las candidaturas saldrían de la sociedad y no de los grupos de interés dominantes.
Lo malo es que las elecciones primarias le quitarían poder a las élites, a los jefes máximos y a las estructuras de los partidos y le regresarían a la sociedad la fuerza de la decisión. Con las primarias, los partidos serían sólo intermediarios en la designación de candidatos. Y los presidentes de la república, gobernadores y alcaldes ya no serían más los dedos de oro usando todo el poder de las instituciones para decidir candidaturas en función de la complicidad, la sumisión y los intereses personales y no sociales.
La consolidación de la democracia debe regresarles a los ciudadanos el poder electoral. Como se designan hoy en día los candidatos, el elector solamente refrenda la decisión que tomó el dedo elector en nombre de la sociedad pero a favor de los propios intereses del que tiene el poder de imponer candidatos. Por ello es que una verdadera democracia debe responder a los ciudadanos, no a las élites dirigentes. Con el mecanismo de elecciones primarias, los funcionarios salientes --en la presidencia de la república, los gobiernos estatales y las alcaldías-- carecerían de instrumentos para decidir las candidaturas como sucesiones, es decir, en términos jurídicos, la designación de próximos gobernantes sin pasar antes por la aceptación social. En el pasado priísta presidencial, la designación del candidato era la elección.
De ahí que México deba de acceder a la madurez democrática con el mecanismo de las elecciones primarias operadas por el IFE.
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