INDICADOR POLITICO
+ Vacíos
de poder y de gobierno
+ Por
eso narco escala violencia
Carlos
Ramírez
Aunque los cárteles del narcotráfico carecen de estrategas políticos, de todos
modos se mueven por intuiciones de
corto plazo. De ahí que la contraofensiva
del crimen organizado en una docena de entidades de la república de la zona
centro-sureste sea correlativa al
vacío de poder y vacío de gobierno posterior a las elecciones presidenciales.
México vive uno de sus más inquietantes interregnos presidenciales:
el partido del presidente Calderón perdió las elecciones, el PRI opositor llega
sin un aparato de inteligencia y
seguridad nacional suficientemente cohesionado y las oficinas oficiales para
esos menesteres han sido atadas de
manos, les pusieron una vendas en los ojos y no tienen prótesis auditivas luego
de que los derechos humanos afectaron sus oídos internos y disminuyeron su
capacidad.
A ello se agrega la incomprensión de algunas organizaciones
e instituciones respecto a la decisión gubernamental de lanzar una ofensiva
contra las bandas del crimen organizado que se habían sentado en zonas territoriales de soberanía del Estado. Las
decisiones oficiales, de derechos humanos y en la Corte Suprema han hecho inefectiva la lucha contra los cárteles de la droga. Ello ha sido aprovechado por las bandas criminales
para aumentar su criminalidad y arrinconar
al Estado en espacios estrechos de los derechos humanos.
El acotamiento a las fuerzas de
seguridad, la alternancia partidista en la presidencia de la república, la
tardanza en la declaración de presidente electo han dejado prácticamente a la
sociedad en un vacío de poder, de
autoridad y de decisión de seguridad por, hasta ahora, dos meses. Y mientras
más debilite López Obrador al
próximo presidente de la república con acusaciones sin fundamento, la capacidad
de gestión del poder presidencial será menor y a favor de las bandas criminales. El activismo del narco en los
últimos días en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán,
Guerrero, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal corresponde a ese vacío institucional de poder: el presidente
saliente ya no tiene fuerza, los derechos humanos han paralizado la acción de seguridad y el próximo presidente tardará
en ser reconocido y tendrá que lidiar primero
con la campaña de descrédito del PRD.
A ello se agrega el avance del poder corruptor del
narcotráfico: entidades de la república donde los funcionarios están al servicio de las bandas criminales, incapacidad de gobiernos estatales para
crear policías resistentes a la corrupción del narco, políticos en activo al
servicio del narco, corrupción del narco en sectores militares, políticos,
empresariales, bancarios y ahora hasta altos
niveles de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y en medio de la parálisis del sector público lo mismo
por corrupción que por decisiones de la Corte Suprema se desarrolla una campaña
de desprestigio del poeta y anarquista católico Javier Sicilia en los Estados
Unidos con la única intención de que
el gobierno de Calderón detenga la ofensiva contra el narco y regrese de inmediato a los militares a sus
cuarteles, lo que significa de modo automático la entrega de las plazas a los cárteles
del narcotráfico. Sicilia fue a los EU a pedir
más intervencionismo de la Casa Blanca en asuntos mexicanos.
La atención en el tema de
inteligencia y seguridad nacional ha pasado,
de modo natural, al candidato ganador de las elecciones, Enrique Peña Nieto. Y
si en su entorno existe sensibilidad,
entonces desde ahora debería de entender que el problema número uno de México no es el empleo, ni la reforma
política, ni las reformas estructurales, ni López Obrador, ni la toma de
posesión, sino la necesidad urgente
de tomar desde ahora mismo los controles de las decisiones de seguridad
nacional, sobre todo por la contraofensiva
de los cárteles del narcotráfico en
una docena de entidades.
Para colmo de la incomprensión hacia el uso de las fuerzas armadas, las
acciones de violencia del crimen organizado en esas entidades no han podido detenerse con la policía
sino que se hace necesaria e inevitable
la intervención directa del ejército; pero sería comprensible que los militares
sean más reacios en operar
mecanismos de contención contra el crimen organizado si en estos días la Corte
Suprema sigue acotando su accionar
con los derechos humanos.
Lo grave del asunto es que los casos de violación de derechos humanos
por parte de militares han sido daños colaterales
o formaron parte de abuso de poder de militares que ya fueron juzgados por tribunales militares y,
paradójicamente para la Corte Suprema, esos expedientes fueron enviados a
tribunales civiles por los propios tribunales militares; en realidad, la Corte
sólo ha decidido cuestiones de competencia
de tribunales, no de negativa
militar a castigar abusos. Pero los militares tendrían a su favor todas las razones para negarse a combatir
delincuentes si la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad judicial
sólo están pensando en castigar
abusos ajenos a comportamientos militares. Si la sociedad castiga a los
militares, lo mejor es que los militares regresen
ya a sus cuarteles y que la sociedad de defienda sola.
En este tiempo político de
coyuntura delicada necesita Peña Nieto desde ahora mismo tomar las riendas del control de la política de
inteligencia y seguridad nacional, así como en el pasado el presidente electo
controlaba la Secretaría de Hacienda y la embajada de México en los EU. Las
decisiones urgentes del gobierno de
Calderón para encarar la contraofensiva
del narco deben de estar avaladas
por Peña Nieto como próximo presidente de la república.
Si Calderón y Peña Nieto van a
esperar tres y medio meses para la entrega
de los instrumentos de poder y en medio de una contraofensiva del narco, al país le esperan días más aciagos y violentos. Y peores si hasta
ahora casi nadie se atreve a
condenar al crimen organizado a pesar de que el 95% de los muertos en el
sexenio fueron producto de una guerra
entre cárteles.
@carlosramirezh
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