INDICADOR POLITICO
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Carlos Ramírez
Si en política lo que vale siempre más es la percepción, entonces la iniciativa “Basta de sangre” para cancelar la estrategia del gobierno federal contra la inseguridad y las bandas del narcotráfico tiene un hecho perceptible fundamental: el editor Julio Scherer García apadrinó esa iniciativa después de haberse reunido, a mediados del año pasado, con el capo Ismael El Mayo Zambada.
El dato es vital para entender la lógica y el destino de la iniciativa: cancelar la ofensiva de seguridad y negociar con los cárteles de la droga un acuerdo que sólo tendría el escenario de la legalización de la producción-comercio-consumo de drogas.
Lo malo, sin embargo, es que la iniciativa llega justo cuando los cárteles están perdiendo la guerra y la mitad de sus jefes están en la cárcel o muertos en combate.
La iniciativa Scherer-Rius también equivocó los destinatarios: si los promotores y los medios Proceso y La Jornada pusieron la meta de usar esa propuesta para detener “la guerra de Calderón”, en realidad esa iniciativa debía de haber sido enviada directamente a los capos de la droga que siguen asolando el territorio mexicano con violencia.
Al endosársela al gobierno federal y directamente al presidente de la república, la iniciativa se convirtió en una aliada útil de los cárteles del narcotráfico. Detener la guerra ahora que los seis capos sobrevivientes andan a salto de mata y encareciendo su captura con más violencia social sólo tendría el efecto de declarar vencedores a los delincuentes.
La crítica contra el saldo de violencia criminal se ha enfocado contra el gobierno federal y el titular del ejecutivo y hasta ahora no ha habido críticas consistentes contra los capos Joaquín El Chapo Guzmán (cártel de Sinaloa), Heriberto Lazcano El Lazca (jefe de los Zetas y del cártel del Golfo), Vicente Carrillo (cártel de Juárez), Juan José Esparragoza El Azul (cártel de Sinaloa), Ismael El Mayo Zambada (cártel de Sinaloa) y Servando Gómez Martínez (cártel de La Familia Michoacana).
Más aún, El Mayo Zambada convirtió a Julio Scherer García en un canal de comunicación política hacia la sociedad en una audaz y exitosa maniobra de relaciones públicas. De ahí que la iniciativa “Basta de Sangre”, copatrocinada por Scherer García, se encuentre contaminada por aquel encuentro, a mediados del año pasado, donde no hubo información periodística y Scherer García ocultó el contenido de su plática con el capo. La iniciativa “Basta de sangre”, por tanto, debe de leerse junto a la fotografía de portada de Proceso donde El Mayo Zambada cubre con su brazo protector al periodista.
Asimismo, esa iniciativa debe de leerse como la primera y definitoria acción de participación política de Scherer García, quien se había negado hasta ahora en ser protagonista de movilizaciones sociales y políticas. Por ello existe una vinculación periodística-política entre la decisión de Scherer de patrocinar una iniciativa contra el gobierno y su encuentro insólito --adjetivo utilizado por la propia revista Proceso en su titular de portada-- con El Mayo Zambada.
Si se revisa la narrativa mediática sobre estos años de lucha gubernamental contra el crimen organizado se encontrará una insistencia periodística en criticar las acciones del gobierno y callar sobre las personalidades de los jefes del narco. Peor aún, los medios han evitado cualquier crítica a los cárteles de la droga, a pesar de que los jefes de las bandas han sido los corresponsables directos de los saldos rojos de la violencia criminal.
Lo significativo de la iniciativa Scherer-Rius radica en los tiempos políticos. La lucha violenta contra los cárteles logró contener la expansión dominante del crimen organizado de espacios territoriales, recuperó la soberanía territorial del Estado en zonas controladas absolutamente por los cárteles y desarticuló la complicidad de los narcos con policías, funcionarios y políticos. Han sido pocas realmente las críticas e investigaciones periodísticas sobre Julio César Godoy por sus relaciones políticas y de poder con La Tuta y la Familia Michoacana, al grado de que el político michoacano, con grabaciones que prueban su papel de brazo político del narco, podría escabullirse por los huecos de las leyes que no han modernizado los legisladores.
El problema de fondo radica no en las percepciones de la sociedad sobre la estrategia oficial de lucha contra la inseguridad sino en las evidencias de que los cárteles de la droga se habían apoderado de espacios territoriales del Estado. Frenar ahora la lucha gubernamental, como pide la Iniciativa Scherer-Rius, permitiría el regreso de los narcos al control de zonas en cuando varias entidades de la república: Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán y las ciudades de Guadalajara, Acapulco y el DF. En realidad, la sociedad mexicana estaría esperando que sus elites exijan la rendición de los narcos y no del gobierno federal.
Lo que la Iniciativa Scherer-Rius no parece entender es que la lucha contra los cárteles tiene que ver con el control de espacios para la operación del crimen organizado. Más que la legalización del consumo de drogas, lo que buscan los capos es su legalización social, moral, política, económica y de poder. Y la Iniciativa Scherer-Rius sería su manifiesto político.
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