INDICADOR POLITICO
+ Seguridad: el factor estatal
+ Puebla, ¿regiomontanizada?
Carlos Ramírez
Uno de los factores que posibilitaron la pérdida del control de seguridad en varias entidades de la república fue la falsa impresión de que los cárteles habían escogido plazas para ocultarse no para calentarlas. Así comenzó Monterrey y terminó dominada por las bandas criminales. Puebla se enfiló a una situación similar por los errores estratégicos del subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Karam.
El cambio de gobierno en Puebla podría mejorar la relación del nuevo gobierno estatal con la XXV zona militar, bajo el mando del general Elías Figueroa Estrada, cuya eficacia la ha llevado no sólo a mantener a raya a los grupos criminales en el estado sino a apoyar con eficacia entidades cercanas. Pero la Secretaría de Seguridad Pública estatal se dedicó a confrontar al ejército y vendió la idea de que los narcos estaban llegando a Puebla no a traficar sino a ocultarse.
Sin embargo, las carreteras de Puebla ya habían sido ocupadas por bandas criminales. Los militares han llegado a detener comandos criminales conocidos como halcones, es decir, miembros de las bandas que se dedican a observar el movimiento carretero, lo mismo para proteger transporte de droga que marcar posibles víctimas de secuestro. Pero a pesar de ello, la zona militar no encontró la colaboración en la Subsecretaría de Seguridad Pública estatal; al contrario, esa dependencia se dedicó a evitar el trabajo de los militares en tareas de seguridad interior.
El columnista poblano Arturo Rueda refirió parte del conflicto en su columna “Tiempos del Nigromante”, en el periódico poblano Cambio:
“Un informe confidencial de la XXV Zona Militar establece que el cambio de gobierno mejorará notablemente la coordinación de los cuerpos locales de seguridad con sus pares federales, a diferencia de lo ocurrido en la administración marinista. En el último año, de acuerdo con el reporte, Mario Marín nunca se presentó a las reuniones de evaluación presididas por el General Estrada, Jefe de la Zona, y en su lugar envió siempre a Mario Ayón y a Adolfo Karam. Pese a compartir origen de milicia, en la Zona siempre desconfiaron del secretario de Seguridad Pública, pero más de su subsecretario, del que guardan un amplio expediente que en su momento causará impacto. Las relaciones de Karam con los militares son pésimas.”
Pero el problema va más allá de las dificultades que tienen algunas zonas militares con estructuras estatales de seguridad nacional sospechosas de servir a algunos cárteles. En Puebla, por ejemplo, el subsecretario Karam se dedicó a hostilizar a los militares en sus tareas contra el crimen organizado y a traficar con la venta del servicio de escoltas a particulares. En estos años, miembros de los cárteles se asentaron en Puebla no sólo como escondite sino como parte de bases operacionales para labores de trasiego. Puebla se encuentra en el punto medular de la zona de paso de transportes de la droga.
De ahí el interés militar por instalar en Puebla un Centro de Inteligencia para la zona Sur-Sureste. El nuevo secretario de Seguridad Pública del gobierno de Rafael Moreno Valle, Ardelio Vargas Fosado, cuenta con toda la confianza de la zona militar y del secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna. El centro estaría enfocado a centralizar información de inteligencia sobre la peligrosidad en los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, y de manera transversal permitiría también vigilar los movimientos sospechosos en Morelos y Michoacán, ahora de alta actividad de los cárteles.
En Puebla y en otros estados de la república se ha encontrado también con el tráfico de escoltas oficiales. Policías auxiliares, bancarias y ministeriales, cuyas funciones son exclusivamente de seguridad pública, han aprovechado la licencia colectiva de portación de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional para vender ilegalmente el servicio de escoltas. Algunos nuevos gobiernos estatales ya prohibieron ese servicio porque carecen de control sobre las escoltas o desvían policías para proteger personas privadas pero quitándolos de la seguridad pública. Inclusive, en algunos estados las partidas de la Secretaría de Marina ya anunciaron la ilegalidad de escoltas con cargo a licencias estatales y comenzaron a detenerlas.
En Oaxaca, el nuevo gobernador Gabino Cué prohibió la asignación de policías a particulares para labores de escoltas. En estados del norte del país también han tomado esa decisión. El asunto entró en una situación de peligrosidad cuando se supo que el J.J., agresor del futbolista Salvador Cabañas hace un año y detectado como parte del cártel de los Beltrán Leyva, contaba con escoltas contratadas sin control por la Agencia Estatal de Seguridad del Estado de México, operando ilegalmente fuera del límite mexiquense. El Contador, escolta del J.J., estaba dado de alta en la policía mexiquense. Los escoltas particulares dados de alta en policías estatales tienen acceso a armas de 9 milímetros que son de uso exclusivo del ejército. El absurdo radica en el hecho de que cualquier particular en los estados y en el DF puede dar de alta en policías a escoltas sin control riguroso que existe en la Sedena. Hay sospechas de que narcos tienen escoltas policiacos.
Las licencias de armas de la Sedena a gobiernos estatales permiten portación sólo a policías para labores de seguridad pública y defensa de la sociedad, no para servicio particular. De ahí que el caso del J.J. haya motivado un control más riguroso del tráfico de escoltas armados con armas de uso exclusivo del ejército y sin pasar por los controles y exámenes de rigor. México se queja de que armas pasan libremente procedentes de los EU, pero aquí existe la facilidad de que cualquiera tenga escolta dado de alta en policías estatales y el uso de armas haya perdido el control oficial.
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