INDICADOR POLITICO
+ Puebla: espada de Damocles
+ Peligra libertad de expresión
Carlos Ramírez
Como en toda transición, el papel de la prensa es vital en los procesos de democratización. Los medios de comunicación de Puebla hoy enfrentan la estrategia de la zanahoria y el palo: despenalizar acusaciones sobre contenido, pero mantener la espada de Damocles del daño moral con castigo monetario.
Pero en toda transición, la libertad de prensa es o no es. El delito de daño moral fue inventado por Miguel de la Madrid en diciembre de 1982 para acotar a la crítica, pero una durísima respuesta de medios acotó la certeza de que en el ejercicio de la libertad de expresión no hay delito moral. En aquella ocasión, caricaturistas y columnistas publicaron sus espacios en blanco y reventaron la intención censora.
Como ha ocurrido en hechos históricos, Puebla podría ser el inicio de una movilización periodística que evite una legislación a espaldas de los involucrados y posibles afectados y que de una vez por toda haga cumplir el precepto de que la libertad de prensa no puede tener absolutamente algún obstáculo.
En Puebla también podría revivirse el debate que ocurrió en el Constituyente de 1857 cuando se discutió la libertad de prensa y que reconstruye Daniel Cosío Villegas en La Constitución de 1857 y sus críticos. La carta magna garantizó la absoluta libertad de prensa, pero la reforma de 1883, por consejo de Justo Sierra, terminó con los juicios a periodistas por dos jurados, uno que calificaba el hecho y otro que imponía la pena y se pasó a una autoridad judicial ordinaria. Entonces se desató la persecución feroz contra la libertad de prensa --gobernaba el porfirismo-- y, entre muchos otros, Filomeno Mata fue encarcelado por oponerse a la reelección de Díaz.
Entonces se diseñó, agrega Cosío Villegas, lo que en esos años se conoció como “delito sicológico” contra la prensa, “es decir, no por lo que se escribía sino por la intención que la autoridad judicial atribuía a lo escrito”. En una interpretación moderna, el delito de daño moral que quiere mantenerse en las leyes es la reactivación “del delito sicológico” del porfirismo.
Hay que partir de un criterio: la libre crítica necesariamente dañará la moral de los criticados, sobre todo cuando tiene que ver con la política y la empresa. El DF, en tiempos de López Obrador, estableció la Ley para la Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, en la que se protege a la prensa de acusaciones de daño moral pero se pone un límite de 350 días de salario mínimo como multa. En todo caso, de perder en tribunales, el periodista acusado está obligado a publicar en su espacio la sentencia del juez.
Por el cambio de grupo en el poder y las posibilidades políticas de una alianza PAN-PRD, Puebla aparecía como la gran oportunidad para cambiar las reglas del juego político y entrarle de lleno a la madurez de las instituciones. Pero la iniciativa del gobernador aliancista Rafael Moreno Valle atendió la exigencia de despenalización pero mantuvo el castigo pecuniario que podría operar como un factor inhibitorio de la libertad de prensa.
Lo único cierto es que un gobierno, una clase política y una clase empresarial que no resisten la crítica y que necesitan de leyes punitivas contra la libertad de prensa son élites anti democráticas. Y lo más grave es que la reforma se ha querido hacer sin consulta con los periodistas ni con los abogados. Por tanto, la lucha por la libertad de prensa se da en el territorio de las leyes punitivas.
Hoy martes podría darse el albazo legislativo en Puebla. Ayer por la tarde, legisladores se reunieron con algunos periodistas para escuchar planteamientos, pero el problema no es el derecho de audiencia sino el debate democrático vía una consulta. Ayer mismo el periódico Cambio de Puebla publicó un desplegado firmado por casi una centena de periodistas y editores locales para solicitar algo muy sencillo: “consideramos que debe discutirse la misma (la iniciativa) y tomarse en cuenta la opinión de quienes estamos directamente involucrados antes de que sea sometida al pleno del Congreso del estado de Puebla”.
Puebla puede ser el punto de debate nacional sobre el daño moral como un factor de limitación de la libertad de prensa. A la exigencia de derogar el castigo pecuniario por daño moral debe corresponder también el debate de la deontología periodística o el establecimiento por los medios de códigos éticos de autocontrol. El periodismo crítico de suyo afecta el patrimonio moral de políticos y empresarios, pero se parte del hecho de que lo criticado causa más daño a la sociedad.
El gobierno aliancista de Puebla tiene la oportunidad de definir pasos adelante en la construcción de nuevas reglas democráticas en materia de libertad de prensa o mantener los temores priístas a la crítica y dejar el daño moral con cargos punitivos. Ahora mismo un empresario poblano mantiene demandados a varios periodistas por haberlo señalado como beneficiario de las complicidades del poder y haber cometió irregularidades legales, pero ha esgrimido el daño moral como castigo a la crítica. Lo más grave es que el denunciante es empresario pero usa la propiedad de un medio de comunicación y una falaz organización por la libertad de expresión para invocar el daño moral y castigar a periodistas por escribir sin cortapisas.
El columnista Arturo Rueda, director de Cambio Puebla, resumió el debate con la imagen de la lucha de la espada legislativa contra la pluma periodística. “La experiencia histórica muestra que la espada gana siempre el primer lance, pero a largo plazo la victoria le pertenece a la pluma”.
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