+ Prensa en narco: parte o juez
+ Informar o protagonizar, clave
Carlos Ramírez
La crisis en la cobertura periodística por el asesinato de un fotógrafo de El Diario de Juárez y el editorial de diálogo prensa-narco son en realidad la distracción del tema central a analizar: el narcotráfico ya percibió que los medios de información son la parte más débil de la cadena y su estrategia es la de afectar a la prensa para enfrentarla con el gobierno y no con los criminales.
El error estratégico de los medios ha sido el intentar un diálogo directo con el crimen organizado o asumir las agresiones en su contra como un asunto de seguridad nacional. Cuando el periodista Daniel Pearl fue asesinado en Pakistán al indagar la red financiera de Al Qaeda, su periódico The Wall Street Jornal de ningún modo acudió a los organismos de seguridad nacional de los EU en busca de protección.
En el fondo, la estrategia del crimen organizado contra la prensa radica en hacerla cómplice activa o pasiva. De ahí que haya también un error estratégico en la política de seguridad pública-seguridad interior-seguridad nacional del gobierno: no entender el papel que juegan los medios. Se trataría, del lado del gobierno federal de un grave error de inteligencia y seguridad nacional.
El editorial de El Diario de Juárez preguntándole a los narcos “¿qué quieren de nosotros?” implicó, paradójicamente, la incorporación del crimen organizado al consejo editorial del medio. Si un periódico aún no sabe qué significan las agresiones en su contra por las bandas criminales, entonces ahí existe un error de política editorial que llevará a otros errores.
El crimen organizado primero buscó que los medios callaran, luego orientó sus presiones a que los medios difundirán las razones criminales y ahora asesinan periodistas no por lo que difunden sino porque saben que los medios de información voltean a culpar al gobierno de esas muertes. En Irak han muerto hasta la fecha 230 periodistas, según la organización Reporteros sin Fronteras, y ningún medio ha culpado a los gobiernos de sus países de esas bajas. La ETA ha asesinado periodistas en España y la respuesta ha sido convertir la indignación en reportajes más fuertes de denuncias contra los terroristas.
El gobierno federal sí tiene responsabilidad en el contexto: la ausencia de una política de comunicación social para la cobertura de los conflictos y la pasividad en la fiscalía de delitos contra periodistas de la PGR. Asimismo, la Cámara de Diputados tiene un comité especial para amenazas contra periodistas, pero su presidente es sinónimo de inutilidad política y práctica, a pesar de que forman parte el director del amenazado Noroeste de Culiacán, Manuel Clouthier, el especialista en televisión Javier Corral, y la preside la panista María Yolanda Valencia Vales, proveniente de medios electrónicos de Yucatán.
La fiscalía de la PGR debiera pasar a supervisión directa del Congreso y su coordinador debiera también ser aprobado por el legislativo. La oficina de protección a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió el rumbo con la salida primero del encargado Luis Raúl González Pérez y luego del presidente José Luis Soberanes, quienes fueron muy precisos en la protección de periodistas.
El asunto de los medios va a internacionalizarse. El gobierno de los EU con cedió asilo político al periodista Jorge Luis Aguirre, del sitio de información policiaca www.lapolaka.com por las amenazas en su contra nada menos que del hasta hace poco secretario de Seguridad Pública del gobierno, Víctor Valencia. Aguirre ya fue citado en Washington para rendir un reporte de la agresión contra periodistas en México.
Si el gobierno mexicano es ajeno a las amenazas y agresiones a la prensa por parte del crimen organizado, sí es responsable de la falta de un marco jurídico concreto y eficaz y de la ineptitud de la fiscalía. Y el congreso debería ser más conciente de la agresión contra los medios y reorganizar la comisión especial para convertirla en una verdadera vigilante de la seguridad de medios y profesionistas.
Y los propios medios deben a su vez interrelacionarse con uno de los grupos más eficaces en la vigilancia de la seguridad de los periodistas: el Committee to Protect Journalists, hoy dirigido por Carlos Lauria (clauria@cpj.org), además del responsable del programa de las Americas, Senior Program Research Associate: José Barbeito jbarbeito@cpj.org (teléfono: (212) 465-1004 y (212) 465-1004,
fax: (212) 465-9568, 330 7th Avenue, 11th Floor
New York, NY, 10001, USA
fax: (212) 465-9568, 330 7th Avenue, 11th Floor
New York, NY, 10001, USA
La interlocución directa de El Diario de Juárez fue un error estratégico. ¿Cuál va a ser su política editorial si los narcos aceptan la interlocución directa? Al interrelacionarse con el crimen organizado, el medio ya se convirtió en un asunto de seguridad interior y de seguridad nacional, ya no de seguridad pública. Y ya no es un tema de política editorial.
El problema no es nuevo. Comenzó con el asesinato del periodista Manuel Buendía, columnista de Excelsior, el 30 de mayo de 1984, cuando se disponía a publicar datos sobre la penetración del narcotráfico en las policías y nivele de gobierno. Han pasado veintiséis años y el problema es mayor.
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