+ Sedena-DH: duro código militar
+ Más rígido que código penal civil
Carlos Ramírez
Como una lección de firmeza a tribunales civiles donde las chicanas impiden la aplicación severa de la ley, la Procuraduría de Justicia Militar investigó y encontró responsables a un capitán segundo, un cabo y dos soldados de la agresión contra civiles el pasado 5 de septiembre en Nuevo León.
La decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de investigar y castigar excesos en el uso de la fuerza detuvo una campaña que se preparaba contra el ejército. Con ello, el ejército probó que el fuero militar no es patente de impunidad, que los militares tienen capacidad para combatir presuntos delitos en sus filas y que la defensa de los derechos humanos es una prioridad en la gestión del general secretario Guillermo Galván Galván.
El asunto es de importancia fundamental, sobre todo por las presiones de organizaciones de derechos humanos para desaparecer el fuero militar o fuero de guerra que obliga a los militares a ser juzgados en tribunales militares. En días pasados, la Sedena ha difundido informaciones que muestran la existencia de cárceles militares donde los soldados arrestados tienen medidas mucho más estrictas de control de la población penal, impidiendo que las prisiones sean, como en el mundo civil, verdaderas universidades del delito.
Con los resultados del caso ocurrido la noche del pasado domingo 5 de septiembre se desactivó una campaña creciente contra la participación del ejército en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Pero sobre todo, llevó a la Sedena a dar un paso adelante en un tema complicado de manejar: el autocontrol militar para evitar violaciones en derechos humanos.
Asimismo, la rapidez con la que se integró la averiguación previa 72M/105/2010/1 también exhibió la disponibilidad del poder judicial militar para proteger a los civiles. Incidentes de esta naturaleza, que no forman parte de la estrategia de combate a la delincuencia, habían sido potenciados para crear una campaña contra los militares para retirarlos de la lucha criminal. El alto índice de criminalidad ha obligado a los militares a labores de seguridad. Las plazas de Nuevo León y Tamaulipas y la pérdida del control político, institucional y civil en Ciudad Juárez dejaron al ejército como la última línea de defensa de la vigencia del orden político institucional.
La orden de aprehensión contra los militares involucrados en el incidente de uso excesivo de fuerza en Nuevo León se liberó apenas siete días después de ocurrido el problema, además de que de manera inmediata la Sedena reconoció que había sido un error el uso de la fuerza en ese suceso. El ejército está definiendo protocolos específicos para evitar situaciones similares.
El dato de contexto del incidente tiene que ver con el hecho de que el ejército es la única fuerza institucional capaz de mantener orden jurídico en el estado de Nuevo León, donde la criminalidad no sólo ha rebasado a las fuerzas policiacas sino que ha demeritado la autoridad judicial estatal. Los gobiernos estatal y municipal permitieron el asentamiento de mafias del narcotráfico y fueron impotentes para impedir la corrupción de policías de los dos niveles. La gestión del jefe de la séptima zona militar, general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, ha sido reconocida por la sociedad neoleonesa.
La incapacidad de las policías estatal y municipal en Nuevo León se percibe en la forma en que el crimen organizado asentó su dominio en la zona metropolitana de Monterrey. El nuevo gobierno priísta de Rodrigo Medina no ha podido tomar el control del sector judicial. Y a ello se agrega el dominio casi absoluto del narcotráfico en la plaza de Tamaulipas, estado fronterizo a NL, por la nulidad política del gobierno priísta de Eugenio Hernández, donde se llegó al punto culminante del asesinato del candidato priísta a gobernador, Rodolfo Torre. En NL y Tamaulipas no existe orden jurídico ni gobiernos con autoridad, en una situación de desaparición de poderes. Ante el control de un espacio territorial en esas plazas, el ejército aplica la doctrina de seguridad nacional referida a la seguridad interior. En NL y Tamaulipas no están en riesgo los derechos humanos sino la existencia de las instituciones.
La pieza que faltaba en la estrategia de lucha contra la inseguridad acaba ser acomodada por la Sedena: no nada más la defensa de los derechos humanos, sino la aplicación estricta de la ley en controles internos para evitar y castigar el uso excesivo de la fuerza. Pero por cada caso de presunta violación de derechos humanos por militares existen miles de agresiones criminales contra la población civil por las bandas criminales que asesinan, secuestran, corrompen y pervierten a la ciudadanía con el tráfico de drogas. Ahí se debe centrar la verdadera discusión: qué hacen las organizaciones políticas, gubernamentales y sociales para proteger los derechos humanos y la vida de los ciudadanos que ven con pavor cómo los delincuentes se apoderan con violencia del clima social en espacios territoriales importantes.
El arresto de cuatro militares por el incidente en NL demostró el autocontrol severo en la Sedena y va a llevar a la definición de protocolos de combate en ciudades antes de que otros organismos sociales impongan acotamientos que impidan la lucha contra las mafias y se conviertan en aliados de una criminalidad que no respeta leyes, se burla de la autoridad e impone sus reglas a sangre y fuego.
- - 0 - -
No hay comentarios:
Publicar un comentario