+ Narco: ¿ejército de EU aquí?
+ NYT: narco-migrantes-Obama
Carlos Ramírez
El editorial de ayer del The New York Times al exigir al presidente Obama tomar las agendas de narco y migración de México forma parte de la estrategia estadunidense de utilizar la crisis de seguridad pública como un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. El objetivo final es aceptar que ni el ejército mexicano puede con el crimen organizado y que entonces la Casa Blanca tenga que autorizar la presencia militar de Washington.
En este contexto, la lectura política de los coches-bomba, la masacre de migrantes en Tamaulipas, la agudización de la inseguridad en Monterrey, el consejo del Departamento de Estado para sacar a hijos de estadunidenses de la plaza forman para evitar daños, el envío de la guardia nacional de EU a su frontera con México y la presión de organismos defensores de derechos humanos sobre el ejército mexicano se acomoda en el escenario de la intención de los EU de meterse en México para proteger su escudo de seguridad nacional.
Y si a ello se agrega la especialización del actual embajador de los EU en México, Carlos Pascual, en el tema de los “Estados fallidos”, entonces el cuadro general de la crisis de seguridad pública de México como una prioridad estadunidense sólo tendría la puerta de salida en la firma de acuerdos que permitan la presencia militar estadunidense en México.
Washington tiene bastante claro el panorama global. La crisis del narcotráfico en Colombia llevó a que el Plan Clinton tuviera como esencia la presencia militar de los EU en ese país, con la reciente instalación de bases militares. Aunque en el fondo, el narcotráfico pudiera ser sólo la cubierta de la decisión de la Casa Blanca porque en el fondo lo que más preocupa a Washington es la ruptura de su escudo de seguridad nacional al sur de sus fronteras por la penetración de Irán vía Venezuela y la amistad con Brasil. El enfoque de seguridad de la Casa Blanca vincula al terrorismo árabe con el gobierno iraní.
Luego de Colombia, la siguiente plaza tomada por el Departamento estadunidense de Defensa fue Costa Rica. El pasado primero de julio el Congreso de Costa Rica --un país que por tradición histórica no tiene ejército sino tan sólo policía-- autorizó un convenio para la llegada al país de 46 buques de guerra --incluyendo un portaviones-- y siete mil soldados estadunidenses. La justificación oficial fue la incapacidad del país para luchar contra el narcotráfico. Los militares estadunidenses van a entrenar a personal policiaco de Costa Rica para combatir el crimen organizado.
De ahí que en círculos de seguridad nacional de México hayan comenzado a resurgir las suspicacias sobre la radicalización de los hechos de violencia, las presiones del gobierno de los EU sobre las plazas contaminadas por el narco, los reportes de organismos de derechos humanos y los editoriales en la prensa estadunidense. El editorial del The New York Times de ayer --a partir del hecho de la propiedad mexicana de un fuerte paquete acciones por Carlos Slim-- le traslada la responsabilidad de la política migratoria de México a la Casa Blanca y con ello presiona para que el gobierno de Obama asuma el manejo de la política migratoria estadunidense y subordine la mexicana.
La lógica de la política binacional contra el crimen organizado fue redefinida por el embajador Carlos Pascual el septiembre del año pasado en un discurso ante la Conferencia de gobernadores fronterizos: “así como las organizaciones criminales ignorar nuestras fronteras, nosotros también debemos eliminar las barreras que nos dividen”. La principal preocupación de Washington es que las zonas petroleras que interesan a los EU se localizan en la zona de Tamaulipas-Veracruz.
La insistencia de la opinión crítica de que México es un Estado fallido se localiza en el escenario benéfico para los EU. La intervención del ejército mexicano en la lucha contra el crimen organizado se sustenta en la tesis de que el narco vulnera la integridad del territorio y su acción impide la estabilidad nacional. Pero hay más: en su libro La participación de las fuerzas armadas en el entorno actual de la seguridad pública, el general Moisés García Ochoa fundamenta el tema de la inseguridad pública como un tema de seguridad nacional: “sólo se podrá garantizar la existencia del Estado cuando se impida o se elimine la presencia o evolución de fuerzas y tendencias que pueden entorpecer su progreso o desarrollo en el interior y, por ende, la consecución de sus objetivos en el exterior”.
En este contexto, el ejército es la única fuerza de seguridad capaz de derrotar al crimen organizado y de resistir la corrupción de los capos de la droga, por lo que se ha convertido en la institución a demoler por las presiones de grupos internos que insisten en el Estado fallido y que quieren imponer la tesis de que el ejército tiene como objetivo primario la violación de los derechos humanos y no el combate a los delincuentes. Si el ejército es retirado de la lucha contra el crimen organizado, ese día el Estado habrá ingreso a la noción de Estado fallido y por tanto débil ante la intervención extranjera.
La doctrina de seguridad nacional militar no se agota en el concepto de soberanía sino que fortalece la tesis de la defensa de la república ante un crimen organizado articulado a bandas que en los EU tienen connivencia con el poder establecido. El Estado mexicano fallido es agenda de Washington.
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Muy lúcido el análisis; preocupante.
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