INDICADOR POLITICO
+ DH, escudo humano de narcos
+ Cárteles financian a grupos
Carlos Ramírez
En el sepelio de parte de su familia asesinada por narcos, la imagen de la madre de Josefina Reyes Salazar sobre los féretros, el rostro al cielo y los brazos en cruz dieron la vuelta al mundo. En ese momento era descrita por medios críticos como activista de derechos humanos. Cuando Wikileaks filtró un documento de la embajada de los EU señalando que esos asesinatos eran ajustes de cuentas entre narcos, esa misma prensa guardó silencio.
Organizaciones de derechos humanos se apersonaron en Washington esta semana para denunciar que la estrategia mexicana de lucha contra el crimen organizado tenía la intención de violar intencionadamente las garantías individuales. En sus declaraciones, esas organizaciones no se permitieron ni por equivocación alguna crítica a los cárteles de la droga que han asesinado inocentes y que han disparado impunemente contra civiles.
Al final, la intención de esas organizaciones no es otra que la de detener la ofensiva gubernamental contra los cárteles y por tanto beneficiar a las bandas criminales. No sería la primera vez: Josefina Reyes Salazar organizó el año pasado una marcha en Ciudad Juárez para pedir la expulsión del ejército y las policías federales de esa plaza, con el conocimiento de las evidencias de que las policías municipal y estatal estaban al servicio de los narcos. En su marcha, la señora Reyes Salazar exhibió mantas contra el ejército.
El caso de la señora Reyes Salazar ilustra los casos en los que el narcotráfico utiliza organizaciones de derechos humanos en contra de las autoridades. El viernes 11 de marzo, Indicador Político reveló el expediente de relaciones de la familia Reyes Salazar con la organización de La Línea del Cártel de Juárez a través de Miguel Angel Reyes Salazar, detenido dos veces por participar en bandas de secuestradores articuladas al narco y hoy preso en Matamoros, Tamaulipas. Días después, el 15 de marzo, La Jornada exhibió un cable de Wikileaks en el que se difunde datos de la vinculación de la familia Reyes Salazar con el narco.
El cable filtrado por Wikileaks que recoge los comentarios de John Feeley, ministro consejero de la embajada de los Estados Unidos en México, aclaró el escenario de los derechos humanos utilizados por el narcotráfico para acotar la acción de las fuerzas de seguridad policiacas y militares. Inclusive, oficialmente la embajada ha eludido responder si la familia Reyes Salazar podría obtener el beneficio del asilo político, pero en fuentes cercanas a la embajada se afirma que no van a proteger a una familia con vinculaciones con el narcotráfico.
El problema de fondo radica en el hecho de que las organizaciones de derechos humanos protestan solamente contra el ejército y la policía pero no han hecho ninguna declaración contra las mafias del narcotráfico que han asesinado a decenas de civiles en Ciudad Juárez y otras plazas calientes y le disputan a las fuerzas de seguridad el control de ciudades. Algunos mensajes dejados por el narco en los cuerpos de miembros de la familia Reyes Salazar los acusa de halcones o espías callejeros que informan de movimientos de enemigos o policías. Hoy los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar se encuentran en el DF bajo la protección del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard bajo el criterio de que son activistas de defensa de los derechos humanos, aunque haya pruebas en contrario, incluyendo el cable de Wikileaks.
En el pasado priísta, la violación de los derechos humanos formó parte de una estrategia de contrainsurgencia contra organizaciones radicales y demócratas que exigían democracia. Los grupos violadores de derechos humanos habían recibido entrenamiento en el ejército de los EU y en la CIA. Hoy las denuncias de organizaciones humanitarias por violaciones de garantías individuales van en contra del ejército y las policías por supuestos abusos en el combate contra los cárteles de la droga.
Lo único malo es que la intención de las organizaciones de derechos humanos busca hoy suspender las acciones de seguridad contra los cárteles de la droga. Hasta ahora, todas las denuncias de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad han sido investigadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las recomendaciones han sido acatadas. En cambio, hay un velo de complicidad para investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos por razones políticas en los años del priísmo en el poder.
El punto de inflexión indica razones de definición: antes se usaba la represión para desalentar la democratización, perseguir disidentes políticos y evitar la creación de organizaciones políticas independientes. En cambio, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad han ocurrido en operativos en proceso en contra de bandas de narcos. En el pasado se buscaba impedir la democratización; hoy existen organizaciones de derechos humanos --fachadas de bandas criminales-- que buscan dejar las plazas calientes del narco limpias de fuerzas de seguridad y bajo el control y mando de los cárteles de la droga.
Como nunca antes las fuerzas de seguridad están siendo observadas y vigiladas por la CNDH. Pero también como nunca antes, las bandas criminales han diseñado una estrategia de protección de sus actividades con organizaciones tapadera de derechos humanos. En este sentido, los cárteles de la droga utilizan a esas organizaciones sociales como escudos humanos para acotar la acción de seguridad contra las bandas de narcos.
Además de protestar contra el ejército y las policías, las organizaciones de derechos humanos debieran de posicionar sus puntos de vista respecto al caso de la familia Reyes Salazar y debe aclarar si prefieren convivir con narcotraficantes y cárteles o si apoyan el combate contra las drogas y las mafias.
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