INDICADOR POLITICO
+ Reto de universidades públicas
+ Gobernabilidad y creatividad
Carlos Ramírez
Nacidas como espacios de capacitación de cuadros políticos, profesionales y de dirección para el Estado priísta y por tanto ligadas estructuralmente al PRI, las universidades públicas han enfrentado su primer desafío: replantear su papel no sólo en la alternancia partidista en gobiernos sino desactivar su potencialidad de inestabilidad radical.
Las principales universidades públicas no han sabido encontrar el camino. La UNAM tiene un rector hiperactivo que quiere convertir a la universidad en un contrapeo de poder ante un gobierno no priísta, además de mantenerla como activo priísta y él mismo ya con una negociación para el cargo de secretario de Educación Pública en el próximo gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto.
La Universidad de Guadalajara prefirió la confrontación con el gobierno panista y contó con el activismo del rector de la UNAM, pero al final tuvo que ceder ante el hecho de que las universidades públicas no son propiedad de los rectores. En Oaxaca, con el gobierno de reciente cambio de grupo en el poder, la Universidad Autónoma Benito Juárez, que jugó un papel clave en la insurrección del 2006, sigue de huelga en paro y siempre con violencia.
En Puebla, donde esperaban un choque de trenes, el gobernador aliancista Rafael Moreno Valle acaba de reunirse con el rector Enrique Agüera Ibáñez, los directores de escuelas y facultades y consejeros universitarios para reforzar el papel de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla --la segunda en importancia en el país-- en la estabilidad social, la gobernabilidad política y, sobre todo, el desarrollo.
Las universidades públicas son centros de recepción de jóvenes con escasos recursos. El desafío consiste no sólo en operar como cámaras de descompresión social sino en potenciadoras de formación de recursos humanos para la producción y el desarrollo y ya no solamente para el viejo régimen. Ahí se localiza, por ejemplo, el problema de la UNAM: preparatorianos y niveles de licenciaturas copados por el control de grupos radicales, con institutos superiores de excelencia. Pero el pase automático sigue siendo el principal problema de la UNAM porque impide el esfuerzo de la capacitación.
En otras universidades existen mecanismos de desmovilización social. Y no sólo con el propósito de control, sino que a su vez potencian la mejor capacitación: el límite en la permanencia en los niveles de licenciatura para evitar la creación de fósiles o estudiantes con años y años de circulación en los niveles y el sistema de apoyo a investigadores por parte del Estado pero en función de la producción. Así, estudiantes y profesores deben de dedicarse a la educación y ya no al liderazgo de movilizaciones sociales.
Lo que queda de la desarticulación del viejo modelo de universidades públicas como instrumentos de control social y político y de formación de cuadros para el menguado Estado priísta es el sindicalismo universitario, cuyo efecto ha sido negativo en la organización sindical y tiene a las universidades arrinconadas en revisiones salariales desvinculadas de la productividad. Pero los sindicatos universitarios fueron una salida política que encontró la izquierda socialista en los setenta ante su incapacidad para articular sindicatos del sector productivo. Las huelgas universitarias le han causado más daño a la educación que beneficio a los trabajadores.
La reunión de autoridades de la BUAP, encabezadas por el rector Agüera Ibáñez, con el gobernador aliancista poblano Moreno Valle estableció el tipo de relaciones de alto nivel sin pasar por el conflicto y más cuando se trata de un nuevo sexenio. Al final, la articulación universidad pública-gobierno estatal garantiza no sólo la tranquilidad sino la posibilidad de que los centros de educación superior del el siguiente paso a centros de potencialidad de la productividad y no nada más control social y político, como en los tiempos del PRI hegemónico y del Estado priísta. La relación gobernabilidad-productividad sería el nuevo escenario para las universidades públicas en un sistema político ya no dominado por el PRI y por tanto con necesidad de contar con centros de educación que privilegien el saber y su utilidad.
El otro paso que dio la BUAP, sin violentar la autonomía, fue la firma de un convenio con el gobierno de Puebla para el fortalecimiento, operación y renovación de las acciones de la contraloría social del Estado y convertir a los estudiantes en vigilantes del uso de los recursos en las obras públicas y los programas sociales, lo que incluye un diplomado sobre las contralorías sociales, un instrumento de transparencia en los presupuestos estatales. Así, estudiantes universitarios representarán a la sociedad en la observación del ejercicio de una parte de los recursos públicos.
La alternancia, transición y cambio de grupos en el poder han llevado al agotamiento del viejo modelo de universidades públicas como mecanismos de control priísta y no como capacitadores de recursos profesionales para el desarrollo. La crisis en la Universidad de Guadalajara estalló por la disputa del subsidio, pero sin ninguna decisión de las autoridades universitarias antes articuladas al PRI y hoy bajo el control del PRD, aunque con ellos sin ninguna aportación productiva sino sólo como estructura de poder.
El acuerdo BUAP-gobierno de Puebla abrió un espacio de colaboración institucional entre estudiantes y las autoridades gubernamentales no priístas, sin pasar por el regateo de los subsidios. Las universidades públicas tienen que entregar buenas cuentas presupuestales sin violentar la autonomía, pero sobre todo están obligadas a fijar nuevos parámetros de utilidad social e institucional. Y no tienen otro marco de referencia que su papel activo en los modelos de desarrollo, si las universidades privadas preparan recursos para la empresa.
- - 0 - -
No hay comentarios:
Publicar un comentario