INDICADOR POLITICO
+ Licitación 21: hasta el final
+ Molinar: Nextel o Congreso
Carlos Ramírez
Investigo del espíritu de lucha de López Obrador, Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, está valorando los tiempos políticos para denunciar que la creciente oposición a la licitación 21 a favor de Nextel es producto de un compló. Lo malo del funcionario es que carece de masas para llenar el zócalo.
En todo caso, en círculos de la SCT pareció llegar ya la sensación de que el caso está perdido, que Molinar carece de espacio político hasta en el PAN, que el retiro de Televisa de la alianza con Nextel le hizo perder el valor político a la concesión del espacio radioeléctrico y que sólo es cuestión de tiempo legal para cancelar la Licitación 21. Lo que está en duda es la posibilidad de convocar a otra licitación y si Nextel estaría dispuesto ahora sí a competir abiertamente por más espacio radioeléctrico.
El problema también es de circunstancias legales. El último dictamen legal volvió a desautorizar el único argumento legal de la SCT: que la SCT escondió su domicilio legal para retrasar la notificación judicial de que debía suspender el concurso y apelar a los hechos consumados porque la notificación legal fue recibida después de entregado el título de concesión. Politólogo de profesión, parece que Molinar Horcasitas no pasó por las materias obligatorias de derecho: la ley de amparo establece en el artículo 139 que cualquier suspensión es efectiva al momento de suscribirse, independientemente de la notificación física.
El argumento legal de todo el equipo jurídico de la SCT radica en los tiempos reales de notificación. Sin embargo, existe ya irritación en ciertos niveles del sistema de impartición de justicia porque se ha publicitado demasiado el hecho de que la SCT invoca la notificación efectiva cuando la ley de amparo dice otra cosa. Es decir, que se está tomando como una falta de respeto de una rama del poder ejecutivo hacia el poder judicial. Y al parecer ya le han echado el ojo al jefe de equipo jurídico de la Secretaría, quien ha tenido que dar la cara para intentar marear a los jueces.
El punto clave radica en la razones de la insistencia de la SCT en la Licitación 21. Los indicios políticos estuvieron atados a la participación de Televisa en su alianza con Nextel, toda vez que ese consorcio televisivo ha sido uno de los más privilegiados políticamente por el poder gubernamental. Al retirarse Televisa de la operación de la concesión, el pasado octubre, se dieron las circunstancias legales de un nuevo titular de la concesión, lo que obligaba a una nueva licitación.
Ahora la empresa Nextel, que cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, encara litigios políticos que suelen no gustarles a los inversionistas porque implicaría el escenario de favoritismos de un gobierno y no acreditar su capacidad de manejo empresarial. En este ambiente, Nextel no ha sabido moverse en los espacios de grupos de presión política: legisladores de las dos cámaras y de los dos partidos ya emitieron recomendaciones oficiales para reponer la licitación. Los efectos políticos de la campaña van a seguir minando la credibilidad de la empresa.
Pero Molinar Horcasitas opera al viejo estilo priísta: al margen de la ley y a base de periodicazos. Por ejemplo, el pasado viernes 3 distribuyó un boletín oficial de la SCT para informar que la juez Decimosexto de Distrito con sede en Córdoba, Veracruz, había exculpado a la SCT de cualquier responsabilidad en la entrega de los títulos de concesión de la Licitación 21, “ya que no fue notificada (la SCT) con la oportunidad debida”.
Sin embargo, el texto de la resolución de la juez Naela Márquez Hernández enfatizó la tesis de que la notificación surte efecto al momento de suscribirse y no de entregarse. Así, la manipulación de datos y conclusiones ha enfrentado a la SCT con el poder judicial. En la sentencia de la juez se ratifica claramente la sentencia de septiembre de que no procede entregar los títulos de concesión y por tanto la empresa Nextel podría caer en violación legal si ejerce la concesión porque una juez ratificó dejar sin efecto esa misma concesión.
Por tanto, las autoridades judiciales dejaron abierta la posibilidad de que los demandantes --TV Azteca y asociados-- pueden acusar también a Nextel de ejercer un título de concesión que una juez determinó dejar sin efecto, es decir, sin ejercicio. Una acusación de violación de un amparo judicial podría empañar la credibilidad de la empresa Nextel.
El saldo final es adverso para Molinar Horcasitas. En el fondo, al funcionario le encargaron la operación de una licitación para favorecer a un par de empresas --Televisa y Nextel-- pero no ofreció buenos resultados. El litigio en estos meses y los debates acalorados y hasta irrespetuosos en el Congreso ya lastimaron el valor de las acciones de Nextel en las bolsas de valores. El asunto ciertamente se politizó pero por la falta de sensibilidad de Molinar Horcasitas, la manipulación de la información y su forma de operar al viejo estilo priísta de imposición de decisiones de poder a un poder judicial que ya no responde sumisamente a las decisiones políticas.
Así, Molinar Horcasitas ha perdido la batalla en tribunales, en el Congreso y en la opinión pública. Y lo peor fue que no supo leer el contexto político del retiro de Televisa, empresa que rompió el acuerdo cuando supo que la Licitación 21 estaba envenenada y no podría ser operada. Ahora el secretario de Comunicaciones se acerca al callejón del desacato a orden judicial y por tanto a la destitución y proceso penal. Así de simple.
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