INDICADOR POLITICO
+ Licitación 21: disputa legal
+ Acatar o no mandato de juez
Carlos Ramírez
A pesar del informe incompleto que entregó Transparencia Mexicana sobre el proceso de la Licitación 21 del espectro radial y la ganga a Televisa-Nextel, el problema legal persiste por la existencia de mandatos judiciales para no entregar ni ejercer el título de concesión.
Aún en el hipotético caso de que la Licitación 21 haya sido un dechado de transparencia, el asunto de fondo ya no es el proceso de licitación sino el hasta ahora desacato del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a una orden de un juez.
Hasta ahora, la SCT quiere zanjar el asunto con declaraciones periodísticas, aunque en realidad los procedimientos legales son mucho más estrictos. El punto clave de la defensa de Molinar radica, según declaración publicada el sábado 11 de diciembre, que “no hemos sido notificados (de la orden del juez) y no podemos actuar” para suspender el título de concesión.
Sin embargo, parece que nadie le ha dicho al politólogo Molinar --o no ha entendido-- que existe una ley de amparo y que es muy estricta. Esa ley establece en su artículo 139 que “el auto en el que un juez de Distrito concede la suspensión surtirá efectos desde luego. Por tanto, el hecho de que a la autoridad se le haya notificado la resolución que concede la suspensión provisional con posterioridad a la fecha en que ejecutó el acto que se reclama, no la exime de su cumplimiento si la concesión de la suspensión provisional se decretó con anterioridad, pues lo que determina su obligatoriedad es de haberse concedido y no su notificación”.
De ahí que el secretario Molinar se haya acercado al callejón del desacato y por tanto a enfrentar una demanda penal por no haber acatado el mandato de un juez. Por tanto, la disputa por la Licitación 21 no se agotó en los datos que revelan la entrega de una concesión del espacio radioeléctrico en un precio de ganga --180 millones por algo que vale 5 mil millones de pesos--, sino en la batalla legal en tribunales donde ha habido ya dictámenes para ordenar a la SCT a no entregar el título de concesión. A pesar de la prohibición expresa y a tiempo, Molinar ya entregó el título a Nextel --por el retiro de Televisa de la empresa, aunque manteniendo la alianza en contenidos--. Por tanto, el estudio de Transparencia Mexicana carece de valor jurídico en el proceso legal en tribunales.
Legalmente, Molinar está obligado a informar a Nextel que el título de concesión entregado tiene el valor judicial de un bilimbique de tiempos de Pancho Villa. Y Nextel, a su vez, podría enfrentar una denuncia penal al ejercer un título de concesión desvalorizado por un juez. Si intentara utilizar ese título, entonces entraría en lo que la empresa demandante, Grupo Salinas, califica como “robo de fluido”. El tema no es menor por el papel de Nextel como empresa de accionistas y su participación en el mercado bursátil estadunidense.
La que quedó atrapada en medio de la disputa legal fue Transparencia Mexicana porque su reporte difundido el martes daba por transparente el proceso de licitación, pero los tribunales mexicanos dictaminaron antes que la Licitación 21 había estado plagada de irregularidades por lo que la juez Decimosexto de Distrito en el estado de Veracruz, Naela Márquez Hernández, ordenó el pasado 30 de noviembre que se “dejara sin efectos sólo la entrega de los títulos de concesión” de la Licitación 21. Ahora Transparencia tiene que explicar cómo fue limpia una licitación que varios jueces han invalidado por irregularidades.
Y en el aspecto procedimental, Transparencia, por ejemplo, “observó que el Acta de Fallo (de la Licitación) fue firmada por dos de los cinco comisionados que conforman el pleno de Cofetel”. Y nada más. ¿No fue una irregularidad que el 40% --dos de cinco-- hayan validado una licitación? ¿Y nada le dijo a Transparencia el hecho de que uno de esos dos haya sido el presidente de Cofetel, Mony de Swaan, ex jefe de asesores del secretario de Comunicaciones y cuyo nombramiento fue impugnado por el Senado de la República? O el reporte de Transparencia fue censurado o su participación resultó inútil por los litigios en tribunales que hablan de irregularidades.
Lo que aqueda es saber cómo se va a desahogar el artículo 206 de la ley de amparo: “la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra”. Molinar dice que no ha sido notificado, aunque su director jurídico ya declaró que sí fueron notificados. El siguiente paso, por tanto, es el tema del desacato de un funcionario a una orden judicial bastante clara y explícita.
Y para terminar de enredar las cosas, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le entró al equipo de defensa de Nextel, pero abriendo el tema del tráfico de influencias porque la ley establece un año de distancia entre un cargo público y la incorporación a la actividad privada empresarial. El sospechosismo aporta otro elemento en contra del dictamen de Transparencia Mexicana: un ex compañero de gabinete de Molinar ayuda en un asunto legal.
Al final, el reporte de Transparencia Mexicana no transparentó nada y sólo aportó elementos para darle más opacidad a la Licitación 21.
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