INDICADOR POLITICO
+ PRI protege a ex de Tamaulipas
+ Premio por ceder estado a narco
Carlos Ramírez
Luego de haber fracasado en su intento por obtener la candidatura presidencial del PRI en el 2012, de haber padecido el asesinato de su candidato sucesor y de haber cedido Tamaulipas al crimen organizado, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores será premiado por el PRI con el cargo de secretario técnico del consejo político nacional como paso previo para una senaduría priísta en el 2012.
Aunque se ha querido vender el cargo en el CEN priísta como un reconocimiento a su militancia política, en realidad se trata de una maniobra del PRI de Enrique Peña Nieto para blindarlo de cualquier intento gubernamental federal por fincarle responsabilidades por el colapso institucional y de seguridad en Tamaulipas. Cuando tomó posesión de gobernador en febrero de 2005, Tamaulipas casi no aparecía en el mapa del narcotráfico; hoy es el estado fallido dominado por el poder y el terror de las bandas del crimen organizado.
El ex gobernador tamaulipeco podría ser la imagen del nuevo PRI, del que quiere regresar al poder presidencial en el 2012. Sin embargo, es también el ejemplo que las autoridades federales y de seguridad ponen sobre cómo ceder el poder local al crimen organizado: municipios enteros son dominados por el terror de las bandas criminales.
Pero el caso de Hernández Flores ilustra la forma de hacer política elitista en el PRI. Apenas tomó posesión del cargo, el gobernador Egidio Torre Cantú, hermano del candidato asesinado Rodolfo, envió mensajes de que su antecesor Hernández Flores estaba desterrado de la entidad. Pero antes que otra cosa, la nueva dirigencia nacional del PRI lo arropó y en breve será erigido en uno de los cargos más importantes del PRI: la coordinación del consejo político nacional, es decir, el responsable de mantener relaciones con la élite nacional priísta. En términos reales, el secretario técnico del CPN es el número dos de la jerarquía política del tricolor.
Eso sí, Hernández Flores estará obligado a enfrentar las responsabilidades políticas, administrativas y hasta penales de lo ocurrido en los últimos seis años en Tamaulipas, donde el ejército ha tenido que recuperar espacios territoriales a sangre y fuego. Lo que se está investigando por las autoridades federales es si la penetración del crimen organizado en el estado fue producto de la complicidad del poder o si se trata de un caso típico de incompetencia política del gobierno de Hernández Flores. De todos modos, el ex gobernador tendrá que rendir cuentas a la sociedad, aun cuando sea protegido por el PRI nacional.
Por lo pronto, sigue estancada la investigación del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, ocurrida en plena campaña de gobernador. En el expediente de indagación se asientan datos que revelan que el candidato se habría negado a cualquier pacto con el crimen organizado, lo que habría provocado la acción criminal. Por tanto, el gobernador Hernández Flores sólo habría podido transitar su sexenio sin problemas personales por algún entendimiento o acuerdo con los cárteles criminales.
Ahí es donde corrió la versión de que el cargo partidista a Hernández Flores sería una especie de blindaje político para evitar acusaciones que hagan sospechar acuerdos del gobernador con las mafias. El candado se cerraría el próximo año cuando el PRI designe candidato a senador priísta a Hernández Flores, aunque desde ahora en ciertos niveles del PRI se habla no de un reconocimiento a su inexistente capacidad política --por el deterioro social, político y de seguridad en que dejó Tamaulipas--, sino de una garantía de impunidad ante acusaciones que tengan que ver con la inseguridad en Tamaulipas. Se trata de usar el fuero como blindaje personal.
El consejo político nacional es el cuerpo colegiado del PRI, formado por la élite priísta nacional --CEN, gobernadores, legisladores, alcaldes, diputados, sectores y quince consejeros electos por estado-- como coordinador de los enlaces. Es decir, que se requiere de una capacidad de movilidad política y sobre todo con experiencia de coordinación de esfuerzos. Y ahí es donde se percibe que Hernández Flores llegaría a la posición del consejo político sólo por las complicidades del poder y no por capacidad, pues lo que falló en Tamaulipas durante su gobierno fue justamente la capacidad de coordinación: el estado se abandonó al libre juego de las fuerzas del crimen organizado y hoy Tamaulipas es un estado fallido.
La organización criminal de Los Zetas y el Cártel del Golfo se asentaron sin problemas en Tamaulipas. El arresto y extradición de Osiel Cárdenas permitió que El Lazca Heriberto Lazcano quedara al frente del cártel en 2008, justamente en la administración de Hernández Flores. Ante la pasividad del gobierno estatal, los Zetas y el Cártel del Golfo entraron en una guerra criminal por la plaza, con el hecho adicional de que La Familia michoacana, diezmada por la acción del ejército en Michoacán, llegó a Tamaulipas --también durante el gobierno de Hernández Flores-- a apoyar al Cártel del Golfo contra los Zetas.
A lo largo de la gestión de Hernández Flores como gobernador, el ejército tuvo que entrar a combatir al crimen organizado pero sin contar con la colaboración del gobierno estatal ni con el apoyo de la sociedad. A pesar de las evidencias de que Tamaulipas cayó bajo dominio criminal por la gestión de Hernández Flores, el PRI arrasó en las elecciones de gobernador. Importantes sectores de la sociedad han señalado ya que prefieren convivir con los narcos que con las fuerzas de seguridad.
Como el pasivo de haber dejado el estado de Tamaulipas en manos del crimen organizado y con el ejército luchando palmo a palmo para recuperar la entidad, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores será premiado con el cargo de secretario técnico del consejo político nacional del PRI de Peña Nieto, del PRI enfilado ya hacia la recuperación de la presidencia de la república en el 2012.
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