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Periodista, escritor, Lic. en Periodismo, Mtro. En Ciencias Políticas, oaxaqueño. Autor de la columna "Indicador Político" en El Financiero.

jueves, 26 de mayo de 2011

26-Mayo-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO




+ Sección 22: así o más claro

+ Insurrección o transición



Carlos Ramírez



Si una transición política democrática implica una redistribución del poder, la alternancia en el gobierno de Oaxaca fue solamente un reacomodo de facciones priístas. El gobernador Gabino Cupé llegó con el apoyo de la sección 22 de maestros y ahora esta agrupación volvió a tomar las calles de la ciudad.

La ofensiva de la 22 tiene dos escenarios: el tradicional de la conquista anual de mejores condiciones de pago por sus servicios magisteriales y su posicionamiento como fuerza política local determinante. Aun si se les concede el 100% de sus demandas, la crisis seguirá persistiendo.

Con sus acciones agresivas de cerrar puertas de negocios privados, regresar la tensión de violencia a la ciudad y de volver a apoderarse de una parte del espacio territorial del centro histórico, la Sección 22 demostró que el problema de Oaxaca no es el PRI ni fueron los gobernadores priístas José Murat ni Ulises Ruiz sino que el fondo real de la disputa por el poder radica en una insurrección popular contra las instituciones.

Por tanto, el análisis del conflicto en Oaxaca debe asumirse en función de una verdadera reforma del poder y en la instauración de un sistema democrático. Las iniciativas de reforma aprobadas por el gobernador Gabino Cué no modificaron la estructura real del poder político en el estado. No importaba mucho la autonomía de los organismos locales o la consulta y el referéndum o la revocación del mandato, sino la redistribución del poder y la recuperación de la autoridad política del Estado. Por lo pronto, la alternancia en el gobierno estatal no resolvió los conflictos subyacentes en una amplia corriente social que quiere un gobierno autogestionario y popular.

El autoritarismo gremial ha sido la respuesta política y popular de sectores de la sociedad que apelan a las demandas democráticas pero al final reproducen en su seno los virus del viejo autoritarismo priísta: la imposición de voluntades particulares sobre las necesidades generales. La Sección 22 quiere mantener arrodillado al gobierno de Gabino Cué con el argumento de la alternancia.

Oaxaca también está mostrando los errores de decisión política en una alternancia confundida con transición. Pero al mismo tiempo la conformación de la nueva élite de poder reconfirmó la tesis de que en Oaxaca no hubo un proceso de transición democrática sino una disputa por el poder entre facciones priístas, dentro o fuera del PRI. La crisis de Oaxaca comenzó en 1995 cuando el gobierno de Diódoro Carrasco rompió el acuerdo de distribución del poder entre todos los grupos y comenzó la exclusión; las élites priístas se salieron del partido y tomaron el control de los grupos de oposición.

El error estratégico del gobernador Cué fue distribuir el poder no entre las fuerzas que agitaron el estado para permitir su victoria sino entre las élites expriístas con comportamientos priístas. El principal tropiezo fue entregarle la Secretaría de Gobierno al grupo de Elba Esther Gordillo y el SNTE-Partido Nueva Alianza, cuando la inestabilidad magisterial que provocó la crisis de 2006 y que llevó a la derrota del PRI fue organizada y sostenida por la Sección 22 disidente del SNTE. Otros grupos de poder de expriístas se quedaron con las principales posiciones de poder.

La lógica de la insurrección del 2006 no fue la de la protesta ante la represión y la exigencia de renuncia del gobernador Ruiz por haber ordenado las acciones policiacas, sino la construcción de una alianza de grupos populares antisistémicos aglutinados bajo la bandera de la imposición en Oaxaca de un gobierno popular, autogestionario y ajeno a la estructura de gobierno constitucional y federal. Como el gobernador Cué no respondió a esa lógica cuando asumió el gobierno, entonces la Sección 22 abrió un nuevo periodo de inestabilidad que reconfirmó que el problema no fueron los gobernadores Murat ni Ruiz sino las dificultades para que los maestros construyan una república autónoma en Oaxaca.

De nueva cuenta Oaxaca entró en la lógica insurreccional de La Comuna. Por eso no importan las jugosas ofertas del gobierno de Cué en la revisión salarial porque al final de cuentas lo que está en juego no son pesos o centavos sino el control del poder. Cué no le entregó, como era tradición desde la reforma del gobernador Heladio Ramírez, la dirección del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEPO) a un personero de la Sección 22 y ahí abrió otro boquete en la redistribución del poder. El control del IEPO por la 22 era un instrumento de poder de la propia Sección 22 para reforzar su control sobre los maestros, porque es la oficina que paga las quincenas.

La Sección 22 está llevando la alternancia de facciones en el gobierno estatal al fracaso. Las manifestaciones agresivas y violentas y la interrupción del funcionamiento de empresas privadas de alta necesidad tienen la nada secreta intención de funcionar como una provocación: que el gobierno de Cué utilice la fuerza --como en el pasado-- y entonces redinamizar el movimiento. Y en este escenario no fue gratuita la intervención del EPR a favor de la Sección 22 de maestros, como ocurrió en el 2006; sólo falta la irrupción de la APPO --ya incrustada en espacios de poder institucional bien remunerado-- para revivir el clima del 2006.

El problema de fondo radica en la necesidad del gobierno de Cué de redefinir el rumbo de la alternancia; pero todos los indicios exhiben que quedó atrapado en las facciones priístas y ex priístas y que la ofensiva de la Sección 22 de maestros es la primera para calar su nivel de ejercicio de autoridad. Por lo pronto, los oaxaqueños y los partidarios de la alternancia están acumulando indicios de que en Oaxaca no hubo transición sino reacomodo de facciones. Y que las cosas están peor porque el gobierno que llegó con el apoyo de la 22 no puede ejercer la autoridad ni la fuerza para restablecer el orden democrático.







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