29-Agosto-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO

+ Casino Royale: terror colateral

+ Empeora guerra entre cárteles

Carlos Ramírez

Más que provocar el terror, el atentado criminal en el Casino Royale definió la escalada en la violencia entre las bandas criminales mexicanas como parte ya del crimen internacionalizado en la disputa por el espacio público.

Asimismo, la tragedia volvió a poner en el tapete del debate la disociación entre los objetivos concretos de las fuerzas federales que han lastimado severamente a los cárteles y la incapacidad de la política de seguridad estatal para fijar los espacios concretos de la seguridad pública.

A diferencia de los coches bomba y de los granadazos, el incendio en el Casino Royale no ha dejado entrever, hasta donde se pudo saber, un acto estrictamente terrorista. El terrorismo perfila acciones para provocar intencionadamente miedo con daños a la población civil con intenciones políticas concretas. En el Casino Royale parece ser un caso de venganza, de lucha por territorios, de venta de protección o de guerra entre bandas criminales, no de daño intencionado a la población civil.

El terrorismo es otra cosa: el uso de la violencia criminal con el objetivo central de dañar a la población civil para obligar por el miedo a que la sociedad le exija al gobierno, al Estado y a las autoridades estatales el cese a la guerra contra los cárteles y la entrega de las plazas territoriales a las bandas del crimen organizado.

El terrorismo es una acción sicológica que cuenta con el apoyo, casi siempre reactivo y en ocasiones cómplice formal, de los medios de comunicación al presentar actos terroristas como señales de derrota de las fuerzas de seguridad. Hasta el domingo, los medios de comunicación siguieron multiplicando el pánico social con la repetición de las escenas del atentado y luego el aprovechamiento mediático de las escenas dramáticas de los funerales de las víctimas y su línea de crítica se agotó en el funcionamiento presuntamente irregular de los casinos, pero nadie había hecho el esfuerzo por identificar a la banda criminal y sus verdaderas intenciones. Lo mismo ocurrió con el incidente a las afueras del estado de futbol de Torreón: los medios reprodujeron hasta la saciedad lo de dentro cuando la balacera ocurrió fuera.

Así, el terrorismo se retroalimenta con el apoyo indirecto de los medios y contribuye a multiplicar el pánico social para exigirle al gobierno la legalización de las drogas, la firma de la paz (¿con dignidad y justicia ante la criminalidad antirreligiosa de los delincuentes?) o el fin de la estrategia de combate contra los cárteles de delincuentes. Es decir, la rendición del Estado ante el crimen organizado. Casi como imagen previsible: que el presidente de la república le entregue el espadín de mando a Joaquín El Chapo Guzmán y a Heriberto Lazcano El Lazca. ¿De verdad esto se quiere?

El terrorismo busca doblegar, atacar por el flanco débil de la sociedad que siempre paga las facturas más costosas, provocar el miedo para hacerla cómplice de las bandas criminales. Por eso es extraño --aunque nada debe extrañar-- que los medios hayan enfocado su crítica al Estado y a las autoridades y nada hayan publicado en contra del acto criminal de los delincuentes.

Ahí, en la sociedad, en los medios, en el pánico social, ahí puede decirse que los delincuentes van ganando la batalla contra el crimen organizado. A nadie extraña, por ejemplo, que la revista Forbes le haya dado a El Chapo Guzmán su condición de respetable empresario en la lista top de los más ricos del mundo y que luego, la semana pasada, esa publicación haya sugerido el pacto del gobierno mexicano con los cárteles de la droga. Forbes, sobra decirlo, se mueve en el espacio del endiosamiento del dinero y del poder, no de los intereses de las sociedades. Por ello la revista Forbes aparece como la madrina de El Chapo en su introducción a los altos niveles de la riqueza mundial.

La tragedia parece ocultar algunas responsabilidades. No sólo la de las autoridades federales y estatales en el funcionamiento irregular de casas de apuestas con disfraces múltiples, sino la falta de participación de la sociedad en la definición, supervisión y operación de las políticas estatales de seguridad. Y la mezquindad de las fuerzas políticas que se hicieron a un lado en el caso Casino Royale como una forma de dejar al gobierno federal en el centro de la crítica social. Sólo el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, ayer domingo, sacó una declaración de unidad y de convocatoria a las fuerzas políticas a aprobar las reformas pendientes. Los delincuentes deben estar de plácemes ante una sociedad como la mexicana.

El acto criminal de vandalismo se convirtió en un acto de terror por el pánico social multiplicado por la oposición, la crítica en los medios y --de muchas maneras-- el aprovechamiento de la tragedia para subir ratings y ventas. En los Estados Unidos, España e Inglaterra, que han sido víctimas del verdadero terrorismo de radicales religiosos musulmanes, la reacción social fue de apoyo a las autoridades legales y legítimas, y eso que los actos terroristas en esos países fueron acreditados a venganzas por la presencia de fuerzas militares en Irán y Afganistán.

El agudizamiento de la violencia criminal, hasta ahora, no ha sido contra la sociedad civil. La tragedia del Casino Royale responde a enfrentamientos entre bandas en territorios civiles. De ahí que las fuerzas de seguridad del gobierno federal estén obligadas a profundizar sus acciones para identificar a los criminales, atraparlos, juzgarlos y refundirlos en la cárcel, a menos que el consuelo cristiano de los apósteles de la paz --¿digna?-- sigan asumiendo a los delincuentes como víctimas del ogro del poder político y de gobierno.

Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento deben pedirle directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragosa, Vicente Carrillo Fuentes y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas