INDICADOR POLITICO
+ La inseguridad, de fuero común
+ Los muertos, de gobernadores
Carlos Ramírez
En lo que se aclaran las cosas, cualquier intervención de las fuerzas armadas en zonas dominadas por el crimen organizado debe de pasar antes por una solicitud formal y por escrito de las autoridades estatales y municipales.
El propósito de esta formalidad es la de prorratear responsabilidades a la hora de las acusaciones: las fuerzas federales de seguridad --civiles y militares-- carecen de un marco jurídico adecuado por el retraso de los legisladores en aprobar la Ley de Seguridad Nacional. Por ello es que los gobernadores y alcaldes que quieran fuerzas federales deben de comprometerse por escrito a solicitar la intervención federal.
El principal error de la estrategia del gobierno federal de lucha contra el crimen organizado se localiza en la distribución de responsabilidades: la incapacidad de gobernadores y alcaldes en materia de seguridad motivó la decisión de enviar fuerzas federales a zonas locales dominadas por los cárteles.
Pero a la hora del prorrateo de saldos, los gobiernos estatales y municipales se han hecho a un lado para dejar que el gobierno federal cargue con el fardo de los muertos por la inseguridad.
Y ahí debe comenzar el deslinde: los muertos en enfrentamientos entre bandas criminales con las fuerzas federales de seguridad no llegan a tres mil, por lo que 50 mil muertos forman parte del ajuste de cuentas entre las propias organizaciones delincuenciales en zonas en las que los gobiernos estatales y judiciales perdieron el control soberano.
La crisis de seguridad pública en estados y municipios no fue culpa del gobierno federal porque las bandas se asentaron en amplias zonas territoriales por la complicidad de las autoridades estatales y municipales de gobierno y con el consentimiento de la sociedad. Asimismo, el auge de la criminalidad tuvo razones locales, no federales. La autoridad federal intervino para resolverles el problema a los gobiernos estatales y municipales y las policías locales se marginaron por la desconfianza en sus lealtades; todavía es la hora en que no pasa día sin que el ejército, la marina o la policía arresten a policías estatales o municipales por estar aliadas a los cárteles criminales.
Por tanto, el cierre del sexenio debe darse en función de tres criterios:
1.- Los muertos por fuerzas federales se dieron en enfrentamientos directos entre fuerzas de seguridad con delincuentes.
2.- Los 50 mil muertos fueron producto de la lucha entre las propias bandas criminales por territorios o zonas de trasiego.
3.- La presencia y violencia de las bandas criminales es un asunto de fuero común en su origen, por tanto de responsabilidad directa de gobernadores y alcaldes.
Como el ejército es el que tiene las cifras consolidadas del saldo de la lucha contra las bandas criminales, sus cifras de diciembre de 2006 a enero de 2012 sirven para una evaluación:
--Más de 42 mil detenidos in fraganti.
--Más de 108 mil armas decomisadas.
--Casi 42 mil vehículos decomisados.
--Casi 10 mil toneladas de marihuana capturadas.
--Casi 35 toneladas de cocaína capturadas.
Delincuentes, armas, vehículos y droga se movían a nivel estatal y municipal sin que las autoridades estatales y municipales las afectaran. Por tanto, la inseguridad ha sido un asunto de fuero común y en consecuencia habría que exigirles cuentas a los gobernadores y presidentes municipales y a la misma sociedad que permitió el asentamiento de las bandas criminales en sus áreas de dominio territorial.
Lo grave del asunto es que gobernadores y alcaldes firmaron un acuerdo de reforma der seguridad en el 2008 y se comprometieron a profesionalizar a sus cuerpos de seguridad, pero los saldos han sido deficientes: las noticias de violencia criminal surgen en zonas territoriales estatales y municipales donde las autoridades locales han fracasado en la reorganización de sus políticas de seguridad.
De ahí que el reparto de culpas tenga que matizar el concepto de “los muertos de Calderón” por el de “los muertos de los gobernadores y alcaldes”. Las fuerzas federales no rebasaron a la autoridad local sino que la suplieron por ineficiencia de funcionarios estatales y municipales.
Por lo demás, los gobernadores y alcaldes de las zonas en conflicto de seguridad le deben a los mexicanos una explicación de cómo fue que las bandas criminales tomaron el control de territorios de la soberanía del Estado.
En este contexto se localiza el recordatorio que hizo el general secretario Guillermo Galván Galván sobre cómo creció el poder del crimen organizado:
“Esta rémora criminal evolucionó sigilosamente durante décadas. Primero como pandillas, operando con un bajo perfil, controladas por las policías locales. Con los años, las nefastas bandas pasaron a un proceso de enquistamiento en la sociedad, con la colaboración de la propia autoridad. En la dilatación de este proceso, la situación se tornó aún más grave.
“En algunas regiones del país, la delincuencia organizada se apropió de las Instituciones del Estado y ya en ese apoderamiento, diversificó sus ominosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado”.
(Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento y el rector de la UNAM José Narro deben pedir directamente la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos.)
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