INDICADOR POLITICO
+ Revienta PRI en candidaturas
+ Trife enjuiciará consejo político
Carlos Ramírez
De nueva cuenta los priístas de Oaxaca encabezan una rebelión contra la dirigencia estatal y nacional por el reparto de candidaturas legislativas locales y la decisión pasó ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de a Federación, pero el ejemplo puede contaminar otros estados donde existen también protestas por el mecanismo priísta de selección de candidatos.
Hasta ahora existen 25 impugnaciones oaxaqueñas contra el proceso de selección interna de candidatos como producto de un reparto de posiciones entre grupos priístas dominantes y en contra de militantes. Por lo pronto, el Tribunal ordenó al PRI estatal a darle el registro como candidata a Mónica Bernardino Martínez, por el distrito 04, el cual le habían negado violando la ley. Esta primera victoria de los disidentes es el inicio de la judicialización de las candidaturas priístas.
La lucha por las candidaturas ha medito al PRI en rupturas graves. En 1995 el entonces gobernador priísta y hoy diputado panista Diódoro Carrasco Altamirano impuso como candidato del PRI a la alcaldía de la capital a su tío David Palacios y la rebelión priísta provocó la victoria del PAN.
Lo grave de la crisis priísta en Oaxaca es que pudiera llevar al colapso de la estructura de dirigencia nacional del partido porque los priístas descontentos pidieron al Trife la desaparición del Consejo Político Nacional por haber violado exigencias legales al tomar decisiones sin tener la paridad de género de 50% hombres-50% mujeres que exige la ley, lo que implicó que todos los acuerdos del CPN son legalmente inválidos o nulos por no cumplir con la legalidad electoral.
El caso Oaxaca afecta a Enrique Peña Nieto porque el delegado del CEN del PRI en Oaxaca es Arturo Osornio Sánchez, secretario de Agricultura del gabinete peñista en el gobierno del Estado de México, y el delegado especial del partido es Jesús Aguilar Padilla, el gobernador de Sinaloa que perdió su sucesión ante la alianza opositora encabezada por el ex priísta Mario López Valdez. Además, el ex gobernador José Murat Casab, metido en reparto de posiciones de poder, acaba de ser designado por el precandidato Peña Nieto como secretario de Vinculación Política del CEN del PRI. Es decir, que Oaxaca es posición clave de Peña Nieto.
La crisis del PRI en la selección de candidatos ya había estallado en el DF, donde el Trife ordenó la reposición de la convocatoria a la elección de candidato a jefe de gobierno capitalino, con efecto en las nominaciones de candidatos a diputados locales y federales y a jefes delegacionales. Esta decisión legal afectó severamente la decisión de Peña Nieto de haber designado por dedazo a Beatriz Paredes Rangel como precandidata oficial a la jefatura de gobierno. La decisión sobre el DF tendrá efectos en las impugnaciones de Oaxaca.
El proceso de designación de candidatos oaxaqueños por el PRI excluyó a la militancia priísta que carecían del favor de alguno de los ex gobernadores priístas. Por la vía de la manipulación de las solicitudes de registro de aspirantes, los grupos dominantes de poder del PRI impusieron a sus preferidos: por ejemplo, entró Juan Díaz Pimentel que había sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación y había competido recientemente por el PRD y aliado del gobernador aliancista Gabino Cué; en otro distrito se registró a un ex presidente municipal de San Agustín Loxicha, acusado de desaparición de disidentes políticos. Y los ex gobernadores Murat y Heladio Ramírez colocaron a sus hijos en candidaturas.
En cambio, figuras locales ajenas a los compromisos de grupo recibieron el rechazo a su solicitud de registro, varios de ellos con carrera política en posiciones estatales y federales. A ello se han agregado las renuncias a la militancia en el PRI de otros aspirantes que fueron desdeñados con trampas legaloides y que estarían ya enfilados a participación en la oposición al PRI.
En el fondo, la crisis del PRI en Oaxaca es una secuela de un conflicto histórico: el fin del acuerdo de reparto equitativo del poder entre los grupos priístas. La disputa priísta interna reventó en 1977 con la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino y las élites tricolores decidieron compartir el poder para evitar fracturas; el pacto duró hasta 1995 cuando el gobernador Carrasco Altamirano se quiso quedar con todo el poder y excluyó a los demás grupos y tronó con la decisión de Ernesto Zedillo de darle la nominación a gobernador en 1998 a Murat por encima de Carrasco. En el periodo 1995-1998 los grupos priístas riñeron por el poder por la ambición de Carrasco y la crisis llevó a la pérdida priísta del gobierno estatal en el 2010.
El problema ahora es del precandidato presidencial Peña Nieto, porque Oaxaca tenía 600 mil votos de la elección de gobernador en el 2010 pero las disputas entre grupos, las impugnaciones a las candidaturas y las renuncias al partido podrían llevar esa cifra a apenas la mitad. Y si en Oaxaca triunfan las impugnaciones y el Trife obliga a reponer el proceso para nominaciones sin preferencia de grupos dominantes, el ejemplo podría contaminar otras plazas y provocarle a Peña Nieto una severísima crisis de militancia que beneficia a los demás partidos que andan a la caza de descontentos priístas.
El Trife se ha metido en serio a atender las quejas de aspirantes priístas a cargos de elección popular y está comenzando a exigir información a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI sobre la forma de procesamiento de las solicitudes de registro de aspirantes, porque el PRI se aferró a argumentos no legales para rechazar precandidaturas.
Por ejemplo, al priísta oaxaqueño Jaime Larrazábal el PRI le negó el registro arguyendo que nació en el DF y a pesar de que presentó acta de registro natal de Oaxaca porque pertenece a una familia de amplio reconocimiento local. La impugnación judicial de Larrazábal está siendo tomada como modelo para otras. Y Larrazábal fue el pivote de la rebelión priísta municipal de 1995.
La crisis del priísmo en la repartición de candidaturas y la judicialización de las quejas en Oaxaca, Veracruz y el DF han sido un aviso a Peña Nieto de que el PRI anda a la deriva, que las candidaturas se reparten a grupos de poder, que habrá renuncias que beneficiarán a los demás partidos y que se están perdiendo votos priístas para las presidenciales.
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Una buena forma de que truene la amenaza de retorno del PRI es que ellos se practiquen el harakiri, de esa forma será sólo su responsabilidad, que mejor.
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