29-Julio-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ DH sí son usados por cárteles

+ Casos Reyes Salazar y Le Barón

Carlos Ramírez

Al arrancar en mayo pasado las protestas sociales por el asesinato del hijo de Javier Sicilia a manos de delincuentes del cártel del Pacífico Sur, una presencia destacó al frente de la manifestación que se dirigía a la ciudad de México: la señora Olga Reyes Salazar.

El asesinato de varios miembros de la familia Reyes Salazar se dinamizó por el argumento de que se trataba de una familia que se dedicaba a defender los derechos humanos. Sin embargo, la realidad era otra: detrás de la careta de activistas por los derechos humanos se ocultaban más bien acciones de ajustes de cuentas entre los cárteles de la droga en Chihuahua: el hermano de Olga Reyes Salazar se encuentra preso en Matamoros por pertenecer a la banda de secuestradores que plagió y asesinó al líder mormón Alejandro Le Barón.

Hoy Julián Le Barón acompaña a Sicilia en sus protestas. Pero en octubre del 2009, un operativo de la 5ª zona militar interceptó en el rancho Le Barón, de Galeana, Chihuahua, a dos camionetas sospechosas y los soldados fueron atacados con armas de fuego de alto calibre, de uso exclusivo del ejército y asesinaron a un soldado. Los militares arrestaron a los agresores: Daniel y Oscar Le Barón, miembros de la colonia mormona de los Le Barón; hubo once detenidos, tres armas largas, una corta y 583 cartuchos. Así, familiares del Le Barón asesinaron a un soldado y cargaron con la sospecha de pertenecer a una banda delictiva. De ahí la insistencia de Julián Le Barón, aliado de Sicilia en el movimiento por la paz, de castigar hoy al ejército, pues en 2009 una partida militar demostró que varios de los Le Barón andaban en malos pasos.

Si las organizaciones no gubernamentales se molestaron con lo que consideraron una generalización del señalamiento del secretario de Marina, su respuesta fue también un pecado de generalizaciones. Porque en la realidad, efectivamente los cárteles de la droga tienen operadores políticos especializados en derechos humanos que usan para acosar a las autoridades. Además del caso de la familia Reyes Salazar --por cierto le negaron visa de asilada en los EU precisamente por pertenecer a bandas de narcos-- y Le Barón, hubo otros casos:

--Una grabación difundida por el periódico Milenio reveló que grupos de narcos azuzaban a organizaciones sociales para enarbolar la bandera de los derechos humanos y con ello paralizar a las fuerzas de seguridad.

--En Tamaulipas los cárteles financian protestas sociales callejeras contra la presencia del ejército.

--En algunas marchas pululan mantas con señalamientos de que las fuerzas de seguridad están asesinando civiles, aunque no han presentado ninguna prueba.

--En Ciudad Juárez también se detectaron marchas promovidas por cárteles de la delincuencia para protestar contra la violación de los derechos humanos.

Y en los organismos de seguridad existen muchas otras pruebas que hasta ahora no se han difundido porque involucran a organizaciones no gubernamentales precisamente por las suspicacias sociales. En Indicador Político del pasado 11 de marzo se acreditó el caso de la familia Reyes Salazar:

“Miguel Angel Reyes Salazar fue detenido en dos ocasiones en operativos contra la banda de secuestradores de Los Escajeda, la primera en 2008. La segunda ocasión fue presentado junto con Alfredo Escajeda Navarro, alías El Riquín, y otros acusados del secuestro y asesinato del dirigente de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, en Chihuahua, Benjamín Franklin Le Baron, y su cuñado Luis Carlos Withman. Ahora se encuentra a disposición de un juez en Matamoros, Tamaulipas.

“El activismo político de la señora Josefina Reyes Salazar, ex regidora del PRD, en enero de 2010 fue producto de la segunda aprehensión de su hijo Miguel Angel en un operativo del ejército”.

A las propias organizaciones de derechos humanos les debería interesar blindar sus grupos para evitar la mala utilización de sus objetivos. Los reclamos del secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, no ocurrieron en el sentido de criminalizar a los defensores de los derechos humanos sino para alertar una de las estrategias utilizadas por los cárteles de la droga en detrimento de la tarea humanitaria de evitar abusos. Lo debe de saber con precisión Emilio Alvarez Icaza, cuya participación en el liderazgo del movimiento por la paz le da sentido social a la defensa de los derechos humanos, pero quien conoce a la perfección los riesgos de que la defensa de las garantías se convierta en la protección a delincuentes.

Por lo demás, el movimiento por la paz de Javier Sicilia volvió a demostrar su fundamentalismo, su falta de voluntad para dialogar, su desprecio por las instituciones y su desconocimiento de la realidad de la delincuencia en México. Muchos de los testimonios de los afectados acusaron a las bandas criminales pero el movimiento careció de una racionalización del conflicto, dejando la impresión de que prefieren vivir con delincuentes a aceptar la decisión del gobierno federal de combatir a una criminalidad que se había apoderado de espacios territoriales de la soberanía del Estado.

El problema de la inseguridad y de la estrategia gubernamental es diverso y obliga a la corresponsabilidad no sólo del Estado y de sus instituciones, sino de la propia sociedad. El movimiento por la paz acusa de fallido al Estado pero ignora que el Estado es la suma de la sociedad civil y la sociedad política. El crimen organizado no se instaló en partes de la república por generación espontánea, sino por la aceptación de la sociedad. Por tanto, se necesita de una decisión social para autocriticarse y crear las formas de participación en la solución a la crisis de seguridad.

Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento debe pedir directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y además debe exigirles su entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

carlosramirezh@hotmail.com

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28-Julio-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ Sicilia: fundamentalista y priísta

+ ¿Dónde estuvo durante 4 años?

Carlos Ramírez

Como ya no hay nada que pueda sorprender a un ciudadano por encima de toda sospecha, la movilización de Javier Sicilia hoy se convertirá en un frente de batalla a favor de la reforma política… del PRI.

Pero como en política no hay secretos, la intención de Sicilia y sus seguidores es convertir su grupo de presión en fuerza beligerante en política a través de las candidaturas independientes. Por tanto, a Sicilia ya no le importa la guerra contra el narco sino capitalizar políticamente el tema de las víctimas para montarse sobre la reforma priísta y obtener cuando menos dos asientos en la próxima cámara de diputados, una para Emilio Alvarez Icaza y otra para él mismo.

Y si bien no hay nada malo es aspirar a una carrera política, sí habría algunas consideraciones respecto a la forma. Y sobre todo, la alianza política que ya formó Sicilia con el PRI en el Senado para operar como grupo de presión a favor de la reforma política que salió de la Cámara alta para consolidar la hegemonía priísta.

Lo malo, eso sí, es que si bien la reforma política del Senado fue la más avanzada que haya logrado aprobar el PRI, de cara a las necesidades democráticas del país no alcanza para satisfacer la construcción de una verdadera democracia más plural. De hecho, la reforma política priísta en el Senado debería servir de punto de partida para que en la de Diputados pueda tener agregados que acerquen al país a la fase de una verdadera instauración democrática.

Pero no. Sicilia está movilizando a sus indignados no para la exigencia de reformas al marco de seguridad pública y seguridad nacional que necesita el país para combatir el poderío de los cárteles del crimen organizado que se apoderaron de algunas partes de la soberanía del Estado, sino que anda con su grupo de presión como Juana la Loca cabildeando la reforma política del PRI. Hoy jueves, por ejemplo, se reunirán los indignados de Sicilia con miembros del Congreso y el tema no será el de la seguridad pública, la seguridad interior ni la seguridad nacional ni menos aún las leyes que se necesitan para relanzar la estrategia gubernamental contra las mafias del crimen organizado, ni tampoco para proponer iniciativas para rehacer el tejido social, sino tan sólo para echarle porras a la reforma política del PRI en el Senado.

Hoy la indignación de los indignados mexicanos ciertamente que indigna. ¿Pero dónde estuvo Sicilia durante cuatro y medio años en que la inseguridad no tocó su soberanía personal? El asesinato de su hijo le hizo descubrir al México que no estaba en la poesía del plagio. Y ahora anda con un movimiento fundamentalista, autoritario y priísta en busca de espacios políticos institucionales, apoyando aquí, criticando allá, convirtiéndose en el Ayatola que decide quién debe renunciar y quiénes obtienen el perdón de sus pecados y puede permanecer en sus puestos.

Lo paradójico es que Sicilia y su movimiento se han transformado en un ariete a favor de la reforma política del PRI en el Senado, olvidando su apoyo al EZLN que en 1994 se alzó en armas contra… el PRI y con la exigencia de una revolución política para la instauración de una democracia revolucionaria. Y para colmo, en el grupo de Sicilia ya se formó un “Movimiento por la Reforma Política”, la priísta, obviamente.

Por tanto, la movilización de Sicilia ya se salió del espacio social de la inseguridad donde era necesaria una movilización para la cohesión social de la protesta y sus banderas de reformas legales para reordenar la lucha contra la delincuencia y se convirtió en un grupo de presión favorable al PRI. Lo peor es que la reforma política del Senado era un importante punto de partida para pugnar en la Cámara de Diputados por una verdadera reforma para la instauración de la democracia. Pero Sicilia se conformó con las candidaturas independientes para obtener cuando menos un par de curules.

El asalto de Sicilia y sus huestes de Indignados Región 4 a la sede del Senado hace dos semanas no fue para exigir la reordenación del marco jurídico de la seguridad pública-interior-nacional ni para clamar por la limpieza de las policías, sino para de-man-dar la aprobación de la reforma política… que el Senado ya había aprobado; es decir, su ignorancia del proceso político les hizo confundir la cámara, porque donde se ha atorado la minuta del Senado es en la de diputados. Y al estilo de los smeístas, las huestes fundamentalistas de Sicilia enarbolaron relojes para mostrar que el tiempo corría en contra, cuando el proceso legal con miras a reformas electorales ya se había vencido y cualquier modificación ahora no serviría para las presidenciales y legislativas del 2012. Hoy jueves de nueva cuenta habrá una reunión con senadores.

¿Qué tiene que ver un movimiento de víctimas de la inseguridad con la reelección de legisladores? En realidad, las víctimas de la inseguridad tienen mucho que reclamar a los legisladores actuales --y que podrían reelegirse-- por su pasividad en la supervisión del combate a la delincuencia, en el retraso en las reformas legales y en la ausencia de leyes a favor de las víctimas. Al final, Sicilia y su movimiento nada más anda viendo qué banderas hay en el aire para agarrarlas como de lucha propia.

Por lo pronto, Sicilia ya se montó en la disputa por la presidencia del 2012 y lo hizo con la bancada del PRI en el Senado y su reforma política. Y Sicilia ha sido más vehemente y violento en exigir la aprobación de la reforma política del PRI que en tomar sedes legislativas para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre la autonomía a las naciones indígenas; claro, hay de banderas priístas a banderas zapatistas.

Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento debe pedir directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y además debe exigirles su entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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27-Julio-2011, Miércoles.

INDICADOR POLITICO

+ Obama, un populista mexicano

+ En riesgo su reelección en 2012

Carlos Ramírez

La crisis en la negociación del techo de endeudamiento en los Estados Unidos tiene dos lecturas:

1.- Barack Obama y los republicanos se juegan, cada uno, la elección presidencial del 2012.

2.- Obama manejó la política económica de su gobierno como si fuera un populista mexicano y hoy no quiere pagar las facturas del gasto.

Los dos escenarios son válidos: Obama desbordó el gasto social y el gasto para enfrentar la crisis de 2008, aún a costa de un colapso de 10% de déficit presupuestal; y los republicanos buscan el equilibrio fiscal y de paso limitar el populismo de Obama.

Salga lo que salga, viene una crisis económica originada en los EU:

1.- La reducción del gasto estadunidense implicará una nueva fase de desaceleración económica de los Estados Unidos, además del abandono de programas sociales de apoyo al nivel de vida de los pobres porque la prioridad será la de estabilizar las finanzas públicas.

2.- El aumento del techo de endeudamiento conducirá a un aumento en  la emisión de circulante y presiones inflacionarias, además de que la nueva deuda tapará hoyos y no será productiva, por lo que la fase de desaceleración también llegará inevitablemente.

El problema central del presupuesto estadunidense radica en el hecho de que Obama autorizó multimillonarios programas de rescate por la crisis de 2008, pero a la larga esos rescates no se transformaron en aumento de la actividad económica. EL PIB promedio anual de los EU en estos tres años de Obama 2009-2011 sería de 0.4% y el desempleo es de 9.7% de la población trabajadora; en efecto, tanto gasto para que los estadunidenses sigan en crisis.

La población estadunidense no sabe qué pensar: ya le quitó el apoyo a Obama en las encuestas pero también castigó a los republicanos. El problema de la negociación del techo de deuda se ha politizado, pero de ambos lados; Obama culpa a la derecha republicana pero en el fondo busca ocultar el desastre económico de su populismo. En el fondo, Obama está obligado a replantear su política económica, dejar de esperanzarse en el gasto-deuda y reordenar las finanzas públicas.

Obama ha llevado las finanzas públicas a una tercermundización: como cualquier populista, en la crisis aumentó el gasto con la esperanza de sostener el ritmo de crecimiento y que ello jalara a la economía; no fue así: al contrario, disparó el déficit a tasas de 12%. En el pasado, el FMI obligaba a las naciones tercermundistas a severos programas de ajuste --bajar gasto, disminuir salarios, deprimir el PIB-- para estabilizar la economía; hoy el FMI apoya la decisión de Obama de subir la deuda.

Para recibir deuda, Grecia fue obligada a un severo programa de ajuste; Obama quiere más deuda para tapar hoyos sin pagar su cuota de sacrificio. La deuda de los EU es de 40% de su PIB. Ahí se encuentra la crisis, señala el economista mexicano José Manuel Suárez Mier en su columna Aquelarre Económico circulada por internet: “(la deuda) significa que si EU no pudiera reponer la deuda que se vence a diario con nuevos bonos del Tesoro, su gobierno federal tendría que cortar su gasto abruptamente en 34% sólo por ese concepto y suponiendo que sigue pagando intereses, que en el presupuesto hoy representan apenas un 6% pero que se irían por las nubes en caso de entrar el país en suspensión de pagos.”

En el fondo, el fracaso económico de Obama no radica estrictamente en aumentar el gasto sino en confundir a John Maynard Keynes con Paul Krugman: Keynes razonó y racionalizó la intervención del Estado, Krugman sólo exige más y más gasto público. Obama ignora la racionalidad económica de Roosevelt para encarar la depresión de los años veinte del siglo pasado. Las grandes inyecciones de dinero presupuestal a la economía no reactivaron el crecimiento. Por eso es que la Casa Blanca enfrenta la presión de la espiral de gasto: aumentar egresos cada vez más altos para tratar de mantenerse en el mismo lugar.

El gobierno de los EU ha financiado su gasto con bonos, pero el peligro es que los compradores lleguen a la conclusión de que son --como los europeos- “bonos basura”. El dato lo enfatiza Suárez Mier: “la empresa calificadora Moody’s anunció estar lista para degradar la deuda de EU, mientras que sus colegas de Standard & Poor’s, que ya lo habían hecho desde abril pasado, anunciaron que veían una probabilidad de 50% que EU pierda su grado AAA y que en cualquier caso bajarían la calificación de no lograrse una reducción presupuestal de 4 billones de dólares (trillion en EU)”.

Aunque a los progresistas no les guste, el error de Obama es querer conducir un capitalismo humano en una economía basada en el capitalismo salvaje. Y lo peor es que a pesar de la preocupación de Obama por los pobres, el electorado ya lo castigó: en dos y medio meses perdió el apoyo en encuestas que le generó el asesinato del terrorista Osama bin Laden; la desaprobación a su política ya es del 50%.

La paradoja es que si los republicanos no aprueban el aumento del techo de deuda, la crisis económica volverá con más fuerza; pero si lo aprueban, tampoco habrá garantías de una reordenación económica porque Obama no busca salir de la crisis sino seguir utilizando el gasto público, como político tercermundista al estilo Hugo Chávez, para mejorar su popularidad y ganar las elecciones presidenciales.

La crisis de los EU es de modelo económico y de modelo político. Los datos revelan que Obama no es víctima del congreso republicano sino de la ineficacia de su política económica populista. Aunque a su favor tiene el hecho de que los EIU siguen siendo la locomotora que mueve al capitalismo y haya que salvarlos a los dos de sus propios errores, aunque el capitalismo ya no sirva para el mundo globalizado.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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26-Julio-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO

+ Fuero de guerra es soberanía

+ Y las dos caras de la SCJN

Carlos Ramírez

Sin un debate a fondo sobre el papel de las fuerzas armadas en la soberanía de la nación y excediendo su competencia, la Corte Suprema de Justicia de México limitó el derecho constitucional a la autodeterminación del Estado mexicano con su mandato de reducir el fuero militar.

Asimismo, la Corte se auto colocó como un poder supervisor de expedientes que involucren el fuero militar, con lo que rompió con la estructura del poder judicial con tal de convertirse en un vigilante de las fuerzas armadas y podría caer en una falla del debido proceso porque implicaría una parcialidad.

Y por si fuera poco, la Corte mexicana cayó en una “insólita e inusual” contradicción, de acuerdo a una evaluación analítica realizada en el seno de las fuerzas armadas:

1.- Al resolver la contradicción de tesis 381/2010, la Corte mexicana dictaminó en forma contraria al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sostuvo la subsistencia constitucional del fuero militar como una excepción a la prohibición de tribunales o fueros privados y, agregó el dictamen de la Corte de México, “que no se basa en consideraciones especiales a la persona militar ni a su jerarquía, sino que obedece a razones de orden público y de especial disciplina, que tienden a garantizar la paz y la seguridad nacional”.

2.- Sin embargo, la Corte reculó en el expediente VARIO9S 489/2010, a partir de la publicación de la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla en el Diario Oficial de la Federación. A convocatoria del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoytia, se preguntó al pleno si el poder judicial debía asumir la sentencia dirigida al Estado mexicano. Ahí la Corte aprovechó el viaje para revertir lo concluido y cachar una sentencia que no iba dirigida al tribunal constitucional. La Corte, el 7 de septiembre de 2010, desechó la propuesta de asumir la sentencia de la CIDH.

3.- Pero en el expediente VARIOS 912/2010, de nueva cuenta la Corte retomó el asunto del fuero militar en julio de este año y llegó a varias conclusiones. Sin embargo, las conclusiones fueron emitidas en un expediente de tipo administrativo y no jurisdiccional, por lo que no se considera una sentencia ni tiene fuerza obligatoria, aunque en casos concretos los jueces y magistrados tendrán que ajustarse a estos criterios. La Corte, además, asumió una nueva condición de supervisión que no cae en sus funciones: conocer de juicios en proceso para que sea la Corte la que resuelva sobre controversias civiles-militares. La idea oculta de la Corte es sentar jurisprudencia.

De ahí que en la justicia militar se considere que la tramitación y determinación en el expediente de esa intervención de la Corte en juicios que involucren a militares “constituye un acto autoritario que lesiona gravemente el Estado de derecho que el máximo tribunal del país debía ser el primero en respetar. El principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, conforme al cual todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, también aplica a la SCJN”.

Sin embargo, la justicia militar encontró que la Corte rompió la legalidad en varios puntos. Las principales inconsistencias legales de la actuación de la Corte en el tema del fuero militar fueron las siguientes:

1.- La sentencia interamericana condena al Estado mexicano, no a la SCJN ni al Poder Judicial, por lo que se notifica al Estado por conducto de su representante que es el Ejecutivo Federal, quien en su caso la comunica a los órganos del Estado que deban participar en su cumplimiento; en el caso Radilla no ocurrió  sino que la SCJN por sí sola decidió analizarla para determinar si debía o no participar en dicho cumplimiento.

2.- Si bien es cierto que parte de la sentencia se publicó en el Diario Oficial ello fue porque así se dispuso en la propia sentencia como medio de difusión y no para que hiciera las veces de notificación a los demás órganos del Estado, como erróneamente lo hizo la Corte.

3.-  En ese sentido, tramposamente la SCJN se maneja indistintamente como la Corte o como el Poder Judicial de la Federación, siendo que éste último no está a su cargo; además asume una determinación sobre mantener en la jurisdicción ordinaria una averiguación previa, siendo que ésta es responsabilidad del ministerio público.

4.-  La materia del expediente VARIOS 912/2010, en el que se emitió la determinación en análisis, era determinar si la sentencia interamericana imponía obligaciones a cargo de la SCJN y las medidas a realizar para cumplirlas. Ello ya había sido establecido desde el mes de mayo de este año por la propia CIDH en el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia, en el que sólo consideró como pendiente de cumplir respecto de jueces y tribunales la impartición de los cursos; sin embargo, siete ministros arbitraria e ilegalmente decidieron que la SCJN tenía la facultad de revisar la sentencia y establecer más obligaciones pendientes, con la dañada intención de pronunciarse sobre la incompetencia del fuero militar.

5.- Con ello se violentó el principio de legalidad, al iniciar un expediente “VARIOS” que no está regulado en ninguna norma, para conocer de un asunto que ninguna norma le encomienda o faculta, bajo un procedimiento inventado ex profeso; y resolviendo cuestiones que, o corresponden a otras autoridades, o de plano solo pueden resolverse dentro de un expediente jurisdiccional.

6.- Asimismo, en principio se pretendió calificar esta resolución como si fuera una sentencia de carácter vinculante y generadora de jurisprudencia, lo que afortunadamente no fue aceptado, por lo que para que surta algún efecto deberán presentarse casos específicos en los que se empleen los criterios señalados.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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25-Julio-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO

+ SCJN no sabe de justicia militar

+ Sí hay debido proceso castrense

Carlos Ramírez

A partir del criterio de que la Corte Suprema de Justicia de México excedió en sus funciones al absorber la sentencia de la Corte Interamericana dirigida al Estado mexicano, un grupo de expertos en seguridad nacional elaboró un análisis de fondo de la determinación de la Corte mexicana de modificar el fuero de guerra y concluyó que se vulneró la capacidad de la seguridad nacional de la república.

El análisis encontró una severa contradicción en la resolución de la Corte en la contradicción 381/210 contraria a la CIDH al reconocer el fuero como una excepción, pero luego vino la voltereta en el expediente VARIOS 489/210 en la que la Corte de México jaló la resolución de la CIDH dirigida al Estado mexicano y decidió que el fuero militar ya no era una excepción.

La decisión de la Corte mexicana ignoró el funcionamiento de la justicia militar y colocó al ejército en una situación de fragilidad porque el fuero de guerra es la columna vertebral de la disciplina militar. De ahí la importancia del análisis de expertos sobre el tema de la justicia militar, cuya parte medular se transcribe:

          En el centro del debate se encuentra la cuestión de que el fuero de guerra no cumple con los principios del debido proceso, al carecer de independencia e imparcialidad. Posiciones dogmáticas y fundamentalistas que sostienen a priori que la estructura y funcionamiento de las fuerzas armadas implican que la justicia militar no sea independiente e imparcial, sin exponer en forma clara y objetiva cómo es que llegaron a esa conclusión, sino que especulan sobre la existencia de una absoluta e irracional subordinación y sujeción al principio de obediencia jerárquica de los Jueces o Tribunales Militares a sus respectivos Comandantes, lo que solo refleja el total desconocimiento del verdadero funcionamiento de las instituciones armadas y de la forma en que operan los principios de autoridad y obediencia jerárquica en las mismas.

          La disciplina militar que sostiene al ejército tiene como base la obediencia; sin embargo, ello no implica que el superior en jerarquía o en cargo pueda emitir órdenes discrecionalmente a su ocurrencia, ni que el subalterno esté obligado invariablemente a cumplir toda orden; por el contrario, la emisión de cualquier mandato constituye un ejercicio de autoridad, que invariablemente se encuentra sujeto al principio de legalidad previsto en la Carta Magna, conforme al cual la autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le faculta; de tal suerte que ninguna autoridad militar puede interferir en la función jurisdiccional sin que alguna norma jurídica lo faculte para ello.

          El artículo 14 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuera Aérea Mexicanos literalmente señala que “Queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla, serán responsables conforme al Código de Justicia Militar”, en tanto que el artículo 427 del Código de Justicia Militar tipifica como un delito con motivo de la Administración de Justicia para “el que ejerza arbitrariamente una influencia ilegal en los procedimientos, para que den por resultado la absolución o la condenación de los acusados, sufrirá la pena de tres años de prisión”.

Más aún, el artículo 423 fracción I de propio Código castrense sanciona al funcionario de la Administración de Justicia Militar que “dicte una sentencia con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias procesales, cuando se obre por motivos inmorales y no por simple error de opinión” de donde claramente se advierte que la subordinación y obediencia jerárquica por sí solas no constituyen ningún obstáculo a la independencia de la justicia militar, tan es así que artículo 891 del mismo cuerpo legal militar categóricamente ordena que “los jueces para desahogar cualquiera diligencia judicial deberán hacerlo directamente, no teniendo en sus funciones más relación con los comandantes de guarnición, que las establecidas en este Código”.

          Es decir, los principios de subordinación y obediencia jerárquica que tanto emplean los detractores del fuero de guerra no tienen aplicación dentro de la impartición de justicia militar en México, lo cual se corrobora por el hecho de que la investigación y sanción de las responsabilidades en que pueden incurrir los jueces y magistrados militares en el desempeño de sus funciones no se encuentra en manos de ningún Comandante o autoridad militar; sino que el Titulo Séptimo del Libro Tercero del Código de Justicia Militar establece el procedimiento que debe seguirse en estos casos, quedando a cargo del propio Supremo Tribunal Militar determinar si es procedente enjuiciar al funcionario o empleado judicial del Fuero Militar, y en su caso suspenderlo de su encargo para sujetarlo al proceso respectivo.

          A lo largo de la legislación militar existen infinidad de disposiciones que dan muestra clara de que la jerarquía militar no se interpone en la impartición de justicia, como por ejemplo el artículo 19 de la ya aludida Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos dispone que “en un acto oficial, donde estuviere un militar y se presentare otro de mayor jerarquía, le cederá el asiento o lugar preeminente. Esta formalidad no tendrá lugar en los Tribunales Militares.”; o el artículo 285 del reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones que categóricamente establece que “el personal del servicio de justicia militar deberá actuar con estricto apego a los principios éticos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en los asuntos en que tengan injerencia”.

          La principal garantía de que los Tribunales Militares emiten sus resoluciones con total independencia e imparcialidad se encuentra tanto en el procedimiento penal militar, que cumple con todos los principios del debido proceso, respetando los derechos de defensa del inculpado y los de la víctima, la igualdad de las partes, la publicidad de las actuaciones, estableciendo los recursos efectivos para impugnar dichas resoluciones ante un tribunal superior, que a su vez puede ser revisada por la Justicia Civil mediante el juicio de Amparo, por lo que en última instancia son los tribunales constitucionales los que resuelven si tales resoluciones se ajustan o no a derecho.

La conclusión del análisis de expertos es obvia: la Corte desconoce el funcionamiento de la justicia militar y a pesar de ello dictaminó contra ella.

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22-Julio-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ Oaxaca: los tres sobres de Cué

+ Crisis, por disputa por el poder

Carlos Ramírez

A Fermín Rosas Rodríguez, jefe de información de

El Debate de Culiacán, y a la memoria de su

hijo Fermín, víctima de la violencia irracional

Cuenta la tradición priísta que todo mandatario federal y estatal llamaba al que iba a ser su sucesor y le entregaba tres sobres con tres consejos:

--Cuando enfrentes una crisis política, abre el primero: “culpa a tu antecesor”; si la crisis persiste, abre el segundo sobre: “cambia tu gabinete”; y si la crisis permanece, abre el tercer sobre: “escribe tus tres sobres”.

Agobiado por los problemas derivados más de una crisis al interior de su coalición, el gobernador oaxaqueño Gabino Cué acaba de abrir su primer sobre para culpar a su antecesor, Ulises Ruiz, de los problemas de Oaxaca. Sin embargo, los conflictos reciclados han estallado por la falta de soluciones ahora y no antes. De ahí que las acusaciones sobre malos manejos financieros contra varias decenas de funcionarios del gobierno anterior sean sólo maniobras de distracción de los problemas inmediatos.

El asunto d fondo radica en los elementos que indican en los hechos el fracaso de la alianza electoral pero a la hora de ejercer el gobierno. Lo grave es que los problemas del gobierno de Cué tienen que ver más con la composición de su alianza y porque la coalición social que lo acurrucó no quiere soluciones políticas sino radicales y la élite de Cué es de ex priístas no rupturistas. A un año de las elecciones y seis meses de gobierno, el gobernador oaxaqueño ha quedado atrapado en una red de intereses de los grupos de ex priístas que acunaron su candidatura, sobre todo la del cacicazgo político del ex gobernador priísta Diódoro Carrasco y hoy refugiado en el PAN, y los insurreccionales del 2006.

Cué tenía la posibilidad de convertir a Oaxaca en un laboratorio político de una verdadera transición a la democracia. Pero su dependencia de tres o cuatro grupos de poder y la mala distribución del poder en su gabinete no hicieron más que potenciar los problemas. En seis meses de gobierno Cué ha desinflado el bono político de las elecciones de julio del año pasado por la falta de decisión para cambiar el régimen de gobierno y el sistema político.

Los problemas en Oaxaca, que no tardarán en llegar al DF, son los mismos de muchos años: la insurrección de la sección 22 de maestros, la lucha política por territorios, la violación de derechos humanos, las guerras fratricidas, la represión a migrantes que transitan por el estado, la falta de un proyecto efectivo de desarrollo, la incapacidad del gobierno estatal para convertir el presupuesto en un detonador de la actividad económica, la falta de un acuerdo de cohesión estatal entre corrientes y grupos y la inexistencia de un proyecto de construcción democrática integral.

Lo grave son las regresiones. Un dato: el nuevo presidente del instituto estatal electoral, Alberto Alonso Criollo, fue impuesto por Cué porque se trataba de un operador de su campaña electoral del 2010. De ahí que la “transición” oaxaqueña no fue sino el mero cambio de un grupo de poder y no una evolución democrática. Cué tomó por asalto el poder electoral para poner un incondicional…, como en los tiempos priístas; por cierto, la semana pasada dispararon contra el auto del consejero presidente.

Los problemas del gobernador Cué responden a una mala distribución del poder: el ex gobernador Carrasco no aportó votos pero es el que ejerce el poder detrás del trono gubernamental; la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro, salió del PRI, fue candidata a gobernadora por el Panal de Elba Esther Gordillo y su cargo constituyó una bofetada a las sección 22 de maestros --adversaria de Gordillo-- que impulsó la inestabilidad que capitalizó la alianza de Cué; los sobrevivientes del Grupo Oaxaca del PRI, que administró el poder desde la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino en 1977, se apoderó de Convergencia, pero como partido ha aportado menos del 8% de los votos, aunque hoy alecciona al gabinete sobre cómo funcionar el gobierno.

La sección 22 de maestros sigue chantajeando al gobierno estatal para obtener más beneficios por la vía de las marchas callejeras, los paros y las movilizaciones violentas, sin que haya cambios de enfoque y estrategias políticas en función del grupo al que ayudaron a ganar las elecciones. Cué equivocó la decisión estratégica de poner al frente de la secretaría de gobierno a la representante de los intereses contrarios a los maestros oaxaqueños, lo que llevó a que la 22 de maestros se niegue a negociar con Irma Piñeyro. Al final, la distribución del poder en Oaxaca se dio no entre las organizaciones sociales que desestabilizaron los gobiernos priístas sino a favor los grupos ex priístas que se pasaron a la oposición sin muestras de contrición.

Formado en el PRI, subordinado al ex gobernador Carrasco y refugiado en Convergencia, Cué no supo redistribuir el poder: a partir del escenario del congreso estatal, Convergencia sacó apenas el 7% de los votos, el PRD el 21% y el PAN el 26%, aunque las parcelas del poder estatal privilegiaron primero al ex gobernador Carrasco, Piñeyro y el Panal lograron el 3% de los votos pero se quedaron con el cargo político más importante del gabinete y las demás posiciones no se repartieron con sentido político.

Por tanto, el principal problema en Oaxaca radica en la certeza de que no hubo una transición política sino sólo una alternancia de facciones de un mismo venero político histórico: el PRI. Por ello la reforma política de Cué pasó sin pena ni gloria y no modificó las estructuras de poder. Cué quedó atrapado entre los ex priístas que no quieren modificar la estructura de poder y las organizaciones sociales radicales que exigen un gobierno popular y revolucionario.

De ahí que agobiado por los problemas en su alianza, Cué haya preferido la cacería de brujas contra funcionarios menores del gobierno anterior y esté a punto de abrir su segundo sobre. Cué puede tener voluntad pero carece de decisión de poder para convertir la elección del 2010 en el pivote para instaurar un nuevo régimen. Por eso los panistas oaxaqueños han tomado los hilos de la iniciativa para combatir al anterior gobierno priísta como resorte contra el PRI en el 2012.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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21-Julio-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ 2012: los dilemas de Calderón

+ Trampa saducea de PRI y PRD

Carlos Ramírez

Aunque han puesto en práctica los viejos vicios del ancien régime en materia de selección de candidatos presidenciales, el PRI y el PRD quieren que se haga la democracia en el PAN.

En este contexto, el presidente Felipe Calderón enfrente tres dilemas fundamentales:

1.- Decidir entre la convicción y la responsabilidad, entre conducir el proceso por razones políticas panistas o abandonarlo como Ernesto Zedillo con la certeza de que así el PAN perdería las elecciones desde ahora.

2.- Decidir si el país ganaría más democracia con un proceso panista realmente democrático o si se está construyendo un escenario ficticio con esas variables.

3.- Optar por un proceso controlado pero con reglas democráticas que eviten fracturas en el partido o aplicar el típico dedazo que el PRI y el PRD convirtieron en regla política.

Lo que debe tener claro el presidente Calderón es que el PRI y el PRD de ninguna manera está preocupados por la democracia interna de los partidos ni por la democracia nacional; en el PRI hay una operación política para imponer sin democracia a Enrique Peña Nieto ante el avance político del senador Manlio Fabio Beltrones como precandidato en ascenso; y en el PRD existe un choque de dedazos: el del PRD favorable a Marcelo Ebrard en contra de López Obrador y --la política priísta elevada a la altura del arte-- el autodedazo de López Obrador para imponerse a sí mismo como el salvador de la patria.

De ahí que el PRI y el PRD hayan plantado al PAN y al presidente Calderón una verdadera trampa saducea, similar a la que una secta judaica le puso a Jesucristo para enredarlo con su doctrina de la resurrección: si una mujer ha enviudado muchas veces y tuvo en la tierra siete maridos, en la resurrección ¿cuál de ellos tendrá la propiedad de la esposa? La respuesta de Jesucristo fue brillante: “cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán esposa ni ellas marido, porque serán como los ángeles del cielo”.

Las prácticas democráticas que el PRI y el PRD nunca han ejercido en su vida interna --salvo el PRI en el 2000--, ahora quieren que el PAN las aplique. Más que una vocación democrática, el asunto es de estrategia: al sacar al presidente de la república de la sucesión en su partido, el PAN llegaría al 2012 como el PRI con Zedillo: prácticamente derrotado.

El país no enfrenta un escenario normal de alternancia. A lo largo de doce años, el PRI se ha negado a reformar el Estado priísta, el sistema político priísta y la Constitución priísta con la esperanza --ahora se entiende el argumento-- de recuperar la presidencia de la misma república priísta. Si el PAN hubiera impulsado la instauración de una verdadera democrática --no electoral sino como forma de vida--, el PRI nunca se hubiera acercado tanto a la restauración del PRI en Los Pinos.

El PRI es el más preocupado por la intervención presidencial en el proceso de selección del candidato panista y luego en la campaña. Y lo entiende por dos razones: primero, porque en los tiempos del reinado priísta la elección presidencial era el destape del candidato aún como precandidato y las votaciones eran un mero trámite, por el uso de toda la estructura de poder presidencial a favor del candidato priísta; y segundo, porque en los dos sexenios panistas en Los Pinos han mantenido un aparato de poder con la suficiente fuerza y habilidad como para impulsar a algún candidato.

De ahí el principal dilema del presidente Calderón: decidir si en el 2012 va a ejercitar la democracia pura y el próximo año el PRI regresará a Los Pinos para restaurar el sistema político priísta del pasado o si prevalecerá el pragmatismo. El dilema es de Max Weber; la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción. El  presidente Calderón tiene a su favor el hecho de que ya no existen instrumentos como para algún fraude monumental como los que puso en práctica el PRI a lo largo de su historia: en 1929 con Pascual Ortiz Rubio contra José Vasconcelos, en 1952 contra el general Miguel Henríquez Guzmán para favorecer a Adolfo Ruiz Cortines, en 1940 contra Juan Andrew Almazán para imponer a Manuel Avila Camacho y en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas para favorecer a Carlos Salinas de Gortari, entre cientos de fraudes estatales, municipales y legislativos.

La designación del candidato panista será histórica porque dependerá de que el PAN logre otro sexenio en la presidencia o tenga que regresarle la presidencia de la república al PRI. Y ya no se trata de meter las manos en el proceso electoral, sino de ejercer el liderazgo presidencial en su partido, como lo han hecho todos los priístas y perredistas: Cárdenas impuso a López Obrador y éste designó por dedazo a Marcelo Ebrard; y recientemente el operador de la nominación de Eruviel Avila como candidato priísta a gobernador fue el gobernador saliente y precandidato priísta Enrique Peña Nieto.

En el 2005 Vicente Fox quiso poner de candidato a Santiago Creel, pero Calderón ganó la elección interna; aun así, no hubo fractura en el partido; hoy el PAN enfrenta precandidatos internos y externos al círculo calderonista. La clave de la solución estará en evitar la ruptura partidista. Y el dilema también lo deben asumir los precandidatos: ganar la presidencia o entregarle las llaves de Los Pinos al PRI.

El manejo abierto del proceso de elección de candidato panista a la presidencia es el primer paso que obliga al PRI y al PRD a ser más transparentes. El dilema más importante de Calderón está en decidir entre un candidato que gane las elecciones o un candidato que sea impuesto por su fuerza política y partidista. El PAN puede repuntar en las encuestas con una buena selección o quedar estancado en las preferencias con una decisión equivocada.

(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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INDICADOR POLITICO

+ Crisis, problema de desarrollo

+ Y no de la seguridad nacional

Carlos Ramírez

La escena del lunes fue altamente significativa: en la mesa principal, el senador René Arce, ex guerrillero del EPR fundado en 1994 con los sobrevivientes del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y hoy miembro de la comisión bicameral de seguridad nacional; a su izquierda, el general de división y subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. El tema de debate: la seguridad nacional, la sociedad democrática y la participación del ejército en la lucha contra los cárteles del crimen organizado.

Como segundo pensamiento, la decisión de la Corte Suprema de avalar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para limitar el fuero militar en derechos humanos a cortes civiles, como parte del caso Rosendo Radilla, presuntamente detenido por el ejército en 1974 en la batalla ordenada por el gobierno priísta de Luis Echeverría contra la guerrilla en Guerrero, a cuyo PDLP pertenecían varios miembros de la familia Radilla y el propio Rosendo.

El problema de fondo en la relación de la seguridad nacional con la sociedad democrática no se localiza en el territorio militar. Las fracciones I y II del artículo 1 de la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea señalan con claridad las misiones de las fuerzas armadas: “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación” y “garantizar la seguridad interior”.

Por tanto, el debate sobre la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional está fuera claro porque los criminales son una amenaza a la soberanía y la seguridad. Por eso el general Gaytán Ochoa fue claro en corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado: la seguridad nacional no es sólo el orden legal sino el desarrollo económico, social y político. De ahí que sólo las fuerzas armadas han cumplido con su tarea de garantizar la seguridad interior con el combate frontal contra los grupos criminales, en tanto que las demás instituciones del Estado no han desempeñado sus tareas de desarrollo integral. “La seguridad nacional es una función del Estado, es una función del Estado integral”, les recordó el general Gaytán Ochoa.

Y no era para menos. La sociedad civil y la sociedad política creen que la seguridad nacional es la meta del desarrollo, cuando en realidad es su parte fundamental. El general Gaytán Ochoa recordó los postulados de la actual Ley de Seguridad Nacional, cuyo segundo párrafo del artículo señala la con suficiente claridad la corresponsabilidad:

“La misma (Ley) tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea”.

Por lo pronto, gobiernos estatales y municipales han violado flagrantemente la ley al desentenderse de su corresponsabilidad en la seguridad nacional, quejarse todo el tiempo de la acción federal y no reconocer la realidad de que las policías estatales y municipales colaboran con el crimen organizado.

De ahí que la presencia del subsecretario de la Defensa Nacional en el Senado para hablar de seguridad nacional y sociedad democrática --teniendo al lado a un ex guerrillero-- haya constituido un punto de inflexión en el debate sobre la estrategia del Estado contra las bandas del crimen organizado. La invocación a la Ley Seguridad Nacional fue para recordar la definición de seguridad nacional: “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Y estas acciones tienen, entre otros, fines muy concretos:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Por tanto, la seguridad nacional no es una acción aislada sino que forma parte de tres de los objetivos esenciales del Estado: la defensa de la soberanía, el desarrollo nacional y el sistema democrático. Por el lado en que se le quiera ver, el crimen organizado y la delincuencia son una amenaza contra el Estado y por tanto contra la estabilidad nacional.

En todo caso, las fallas estarían en otro lado. Lo recordó el general Gaytán Ochoa: “a esos óbices (obstáculos) el Estado tiene que oponer el poder nacional (…), el poder nacional es justamente la suma de todos los activos de que dispone un estado para enfrentar esos óbices que le están impidiendo la consecución y preservación de sus objetivos nacionales”.

No es la primera vez que el ejército aclara posicionamientos. En 1980, entonces secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López, dio al reportero Roberto Vizcaíno, de Proceso, una definición de seguridad nacional que completaría el enfoque de defensa de la soberanía: “seguridad nacional es el mantenimiento del equilibrio social, económico y político (de la nación), garantizado por las fuerzas armadas”.

Al combatir a las mafias del crimen organizado, el ejército no está reprimiendo la lucha política democrática sino combatiendo la delincuencia como comportamientos antisociales de grupos que forman parte de una red de intereses internacionales. En todo caso, a la acción del Estado le falta resolver el problema del desarrollo, el bienestar y el empleo.

Por lo demás, la presencia del ex guerrillero Arce al lado del subsecretario de la Defensa Nacional mandó un mensaje nada subliminal de que el ejército ha cumplido con su tarea fundamental y que los grupos radicales han tenido que reconocer en los hechos que el camino de la política debe ser el legal.

 (Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)

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