29-Abril-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ Chiapas: cártel Mendiguchía 2012

+ Alianza con AMLO-PRI-PT-EZLN

Carlos Ramírez

Con su principal colaborador preso por asociación delictuosa, violación a derechos humanos y peculado, el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía prepara su regreso al poder en Chiapas en el 2012 de la mano de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal.

El dato más significativo, según revelación del propio Salazar, es el regreso del EZLN del subcomandante Marcos a la política local. Y lo hará con el ex gobernador En el 2000, Marcos y los zapatistas tuvieron un acuerdo secreto con Salazar para permitirle gobernar el estado, aunque el saldo fue de una severa represión a los indígenas.

Once años después, en una reunión que tuvo hace unos días con sus operadores político chiapanecos, Salazar anunció el arreglo de sus diferencias con el EZLN de Marcos y dijo --la versión es de primera mano y sin confirmación zapatista, aunque llegada a los servicios de inteligencia federales-- que le había entregado al EZLN diez millones de pesos como donación a través del CIDECI de Raymundo Sánchez Barraza y que era probable que usaran esos recursos para la movilizacion de acarreados el 7 de mayo e incluso para comprar suministros bélicos.

La novedad de esa alianza Salazar Mendiguchía-EZLN es que confirmaría una operación política de alianza del PRD, PT, Convergencia, López Obrador y Monreal para regresar al poder en Chiapas, donde el gobierno actual probó las corruptelas e irregularidades de Mariano Herrán Salvatti en el gobierno de Salazar.

La reunión de Salazar con sus operadores políticos ocurrió hace pocos días en el rancho “La Herradura” de seis mil hectáreas propiedad de David Corzo, quien fuera su secretario de Pesca, a siete kilómetros del ejido Lázaro Cárdenas en el municipio de Arriaga, por cierto un obsequio de Herrán Salvatti. Una de las novedades fue la presencia en esa reunión político-electoral de Fortunato Morales, funcionario de Sagarpa, lo que podría dejar el mensaje de que el gobierno federal panista podría estar metiendo las manos en una alianza lopezobradorista a la que se sumaría el PAN.

En esa reunión secreta, Salazar Mendiguchía repartió fondos --paquetes de 500 mil pesos a sus excolaoradores, según datos de fuentes enteradas-- entre los asistentes con instrucciones de comenzar a mover políticamente el estado con paros carreteros en contra de la Comisión Federal de Electricidad, para tomar la bandera de las tarifas eléctricas. Asimismo, van a comenzar a movilizar a grupos campesinos porque entre los asistentes estaba Fernel Galvez, exdiputado local y todo, un experto en invasiones de tierras.

Salazar dijo en esa reunión que hay ya cuando menos dos candidatos a gobernador por la alianza lopezobradorista PRD-PT-Convergencia: el senador perredista Rubén Velázquez López, secretario de gobierno en el sexenio de Salazar, y el priísta José Antonio Aguilar Bodegas, candidato del PRI al gobierno estatal en el 2006 y derrotado por Sabines. Hasta donde dejó entrever, Salazar Mendiguchía dijo que le tocará operar el destape del candidato de la triple alianza y que contaba con el apoyo de López Obrador y Ricardo Monreal.

Como para confirmar el operativo político que viene, Salazar estuvo acompañado en su reunión secreta por el dirigente estatal del PT, Neftalí Pérez Flores. El único obstáculo que tiene esa operación política es la presencia en el estado de Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel, quien quiere convertirse en el cacique estatal. Por ello Salazar Mendiguchía anunció la recolección de firmas en el estado para pedir la salida de Pío López Obrador.

Asimismo, el ex gobernador Salazar informó que ya tiene asegurada su candidatura a senador por la alianza PRD-PT-Convergencia, además de que extrañamente dijo tener el apoyo del senador priísta Manlio Fabio Beltrones y de la senadora priísta chiapaneca María Elena Orantes. Asimismo, dijo que ya estaba en camino de obtener “garantías” de la PGR para regresar a la política sin problemas, sobre todo por los hilos de algunas investigaciones sobre Herrán Salvatti que tuvieron que ver con el crimen organizado. Herrán fue subprocurador antinarcóticos y Salazar Mendiguchía dejó entrever que había sido mentor de la actual procuradora Marisela Morales Ibáñez. La estrategia del ex gobernador es sacar de la cárcel a Herrán con el apoyo de la PGR y borrar las pistas de corrupción y vinculaciones con el crimen organizado.

En la reunión exaltó Salazar su pasado priísta, partido del cual se salió en el 2000 porque le negó la candidatura a gobernador y armó una alianza de los ocho partidos opositores al PRI. Por eso es que algunos analistas consideran que en Chiapas pudiera haber una alianza PRD-PRI para ganarle al PAN. En todo caso, la apuesta de Salazar es la de dividir al PRI para que el candidato mejor posicionado sea un perredista, aunque sea sacándolo del tricolor.

En Chiapas ha causado inquietud el posicionamiento local de Salazar Mendiguchía porque su gobierno dejó una estela de represión en el campo y también en la prensa por la persecución policiaca contra periodistas críticos. Entre ellos, por ejemplo, le cerró los espacios al periódico Cuarto Poder porque había publicado las evidencias de que Salazar Mendiguchía no estaba titulado y había violado la ley al firmar como licenciado. En venganza, exilió a su propietario Conrado de la Cruz, encarceló al hijo del director y lo condujo al suicidio. Ahora la prensa crítica ve el regreso de la represión con Salazar Mendiguchía.

El cambio de gobernador en Chiapas ocurrirá el próximo año en el contexto de las elecciones presidenciales y Chiapas es una pieza política importante en el ajedrez presidencial. De ahí la alianza de Salazar Mendiguchía con López Obrador y Ricardo Monreal.

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28-Abril-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ Una reforma política crinolina

+ No instauración de democracia

Carlos Ramírez

Si los países que transitaron de un gobierno autoritario a la democracia basaron su modelo en el concepto de “reforma política”, en México se usa esa fórmula verbal como coartada. La transición se alcanzó en el 2000. Y más que una reforma política, el agotamiento del sistema político priísta exige la instauración de la democracia.

De las reformas del último medio siglo, sólo tres tuvieron incidencia en aspectos centrales de modernización del sistema: los diputados de partido en 1964, la legalización del Partido Comunista Mexicano en 1978 y la ciudadanización del IFE en 1996. Con ellas se modificó la estructura de representación política, el sistema de partidos y el sufragio efectivo.

La reforma política que impulsó el PRI en el Senado y que podría naufragar en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se quedó en pequeñas reformas que en conjunto no alcanzan a modificar la estructura vigente pero inservible del sistema político priísta. El problema debe enfocarse no en función de las posibilidades de las mismas decisiones sino en relación con las necesidades de reorganización del sistema político.

Luego de la alternancia partidista en la presidencia de la república en el 2000, el país necesitaba la reorganización de cuando menos cinco temas centrales: forma de gobierno, modelo de representación, Estado constitucional de derecho, reforma electoral y sistema de partidos. Pero las iniciativas de reforma política del presidente Calderón, el PAN, el PRI, el PVEM y PRD-PT-Convergencia tocaron algunas partes de los cinco temas y ninguna le entró a fondo a la integralidad de la reestructuración.

El problema de la reforma política que aprobó el Senado radica en el hecho de que atiende a algunas partes del sistema pero sus resultados prácticos serán ineficaces por la persistencia de viejos vicios. Las limitaciones fueron de origen: las reformas se pactaron en función de los intereses de grupos y partidos y no en función de la necesidad de agotamiento de la totalidad del viejo régimen priísta.

El punto central de la reforma política necesaria en México radica justamente en su pivote central: las concesiones o la alternancia. El modelo de construcción democrática sigue siendo España. La muerte de Franco llevó a decisiones en tres puntos neurálgicos: la reforma electoral para regresarle la soberanía al pueblo vía el voto con un sistema de elecciones sin interferencias partidistas, los Pactos de la Moncloa para rediseñar el modelo de desarrollo y la nueva Constitución para plasmar el pacto social y político.

Puede haber más o menos diputados plurinominales se requiere el replanteamiento del sistema de representación política, el asunto de la agilidad legislativa es de procedimiento y no de contenido, la ratificación en el Senado de nombramientos sólo va a enredar más las relaciones entre poderes y no garantizará la funcionalidad de los organismos, la presentación de iniciativa ciudadanas congestionará las actividades del legislativo y las candidaturas ciudadanas serán enredadas de administrar y no modificarán la dictadura de los partidos sino responderán a las ambiciones de quienes quieren competir por la libre.

Estas decisiones no cambian el funcionamiento del sistema político ni del régimen de gobierno ni garantizan los procesos electorales ahora operados por un IFE dominado por mezquindades y la partidocracia. La verdadera reforma política para la instauración de la democracia --esa democracia que no existió en el reinado priísta, que tampoco se alcanzó en el docenato panista y que era el paso necesario después de la alternancia del 2000-- sería la que se preocupara por reglas, procedimientos y garantías de equidad en la participación ciudadana en los procesos políticos.

En uno de los estudios más sólidos sobre la nueva democracia, La poliarquía, el politólogo Robert Dahl enumera ocho requisitos para considerar democrático a un sistema y régimen: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad parta el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, diversidad en las fuentes de información, elecciones libres a imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos. Las dos coordenadas de la democracia son la representación-participación y la competición-oposición. Una democracia instaurada requiere la existencia de todos los requisitos. Y en México siguen operando las restricciones del viejo régimen priísta.

El teórico de las transiciones Leonardo Morlino establece en Democracia y democratizaciones las fases de la democratización: transición de un régimen autoritario a uno democrático, instauración de la democracia y consolidación de la democracia. Morlino sugiere considerar “una buena democracia o bien una democracia de calidad como aquel ordenamiento institucional estable que mediante instituciones y mecanismos que funcionan correctamente realiza la libertad y la igualdad del ciudadano”.

Morlino establece los puntos centrales de una democracia de a deveras: respeto a la ley, rendición de cuentas, capacidad de respuesta ante las exigencias ciudadanas, respeto pleno a los derechos y la ampliación a más derechos y la igualdad económica, política y social. Los avances mexicanos en algunos de estos puntos han sido magros e insuficientes.

Por tanto, los resultados de las “reformas políticas” no sólo no han contribuido a instaurar una verdadera democracia sino que en su apariencia incluyen en realidad mecanismos de regresión política e institucional. El columnista Manuel Buendía aplicó el concepto de reformas crinolina a las que parecían una estructura metálica para ampliar la falda de las mujeres y no tocarles las piernas. La reforma política del Senado es una reforma crinolina. Pero cada reforma limitada o frustrada implica un aumento de la  tensión política y propicia la restauración del viejo régimen priísta.

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27-Abril-11.

INDICADOR POLITICO

+ Política de defensa nacional

+ El narco amenaza al Estado

Carlos Ramírez

El problema de la nueva ley de seguridad nacional no radica en la imposibilidad de un Estado militar sino en el hecho de que el país enfrenta una subversión violenta del crimen organizado contra el Estado que ya ha rebasado a las policías y controles estatales y ha dejado al ejército como la última línea de defensa de la estabilidad nacional.

Los legisladores tienen ante sí no nada más el desafío de un marco jurídico, institucional y social sobre la seguridad nacional, sino que encaran el reto de la modernización del aparato general de seguridad. Más que el Estado militar, los legisladores tienen la obligación de garantizar legalmente la vigencia de las instituciones ante el activismo de las diferentes bandas del crimen organizado.

Por tanto, todo lo que se haga para contener la modernización de la seguridad nacional tendrá efectos positivos en el fortalecimiento del crimen organizado. El temor a un Estado militar es del tamaño de la desconfianza en la fortaleza de las instituciones. Es incomprensible que se contenga la modernización jurídica de la seguridad nacional mientras las bandas del crimen organizado violentan el Estado de derecho, violan derechos humanos y asesinan impunemente a ciudadanos.

El fondo del asunto radica en la inexistencia en México de una política de defensa nacional. Países que han padecido golpes de Estado militares y dictaduras castrenses le han entrado al tema de la política de defensa nacional: Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Una política de defensa nacional se basa en el papel decisivo de las fuerzas armadas para garantizar la gestión política del Estado y las instituciones en cinco puntos fundamentales: democracia, soberanía, seguridad, desarrollo y estabilidad social. La ley de seguridad nacional de México podría ser un paso hacia el diseño de una política de defensa nacional que aumente el grado de profesionalización del ejército.

Los problemas de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad política y seguridad social tienen que ver con los cinco modelos de ruptura de la gestión de gobierno: la inestabilidad por confrontaciones hacia el interior del sistema y del régimen, la desestabilización operada desde fuera y contra el sistema y el régimen, la ingobernabilidad por la oferta de gobierno menor a la demanda social, el vacío de poder por la inexistencia de poderes fácticos y la inexistencia del Estado de derecho.

La crisis de la seguridad interior llevó a la intervención del ejército en el combate a las bandas del crimen organizado con capacidad superior a las organizaciones policiacas. La ley de seguridad nacional, por tanto, debe leerse en el contexto de garantizar a los ciudadanos la estabilidad dentro de las fronteras. Lo curioso del hecho es que las críticas contra la minuta de la ley de seguridad nacional quieren atarle las manos a las fuerzas armadas pero nada dicen en contra de los cárteles del crimen organizado. El crimen organizado atenta contra la sociedad, pero algunos grupos quieren enviar al Estado a la guerra sin fusil.

Un análisis del ejército sobre las objeciones contra la ley de seguridad nacional muestra que la propuesta contiene controles institucionales para evitar el Estado militar, la violación de derechos humanos y la represión a movimientos sociales.

--Los artículos 72, 74 y 85 tienen candados para evitar el Estado militar porque existe la condición de logar la aprobación del congreso.

--El párrafo 2 de la fracción VIII del artículo 74 garantizan la intervención y supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales. No habrá acciones por la libre.

--El párrafo 3 garantiza que no habrá operativos militares contra protestas administrativas, laborales, electorales o políticas, a menos que amenacen la seguridad interior.

--Las acciones en carreteras se ajustan al artículo 131 constitucional en el criterio de revisión “por motivos de seguridad o de policía”.

--No se podrá unilateralmente suspender garantías sino a través de lo que manda el artículo 74 fracción V: las cámaras podrán ejercer sus “funciones legales de control político” de la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior.

--No se legaliza el espionaje político. La ley se ajusta al mandato constitucional de que información obtenida afectando la vida privada “carece de todo valor probatorio”. Las acciones de acopio de información deben cumplir las exigencias de ley. Por cierto, la Corte Suprema ablandó la intercepción telefónica. La ley de seguridad prohíbe intercepciones telefónicas y exigen autorización de un juez.

Si se revisa a fondo la minuta de la ley de seguridad nacional se puede percibir que se regula y precisa la intervención del ejército en asuntos que no tienen que ver con la fase internacional de la seguridad nacional. Al final de cuentas, la misión del ejército es la de proteger a la población civil, garantizar la vigencia del Estado de derecho y facilitar las condiciones de seguridad interior para la vigencia del sistema democrático.

A las características del Estado mexicano como un Estado anti-golpe y anti-intervención se agrega ahora la del Estado de seguridad interior. En su última instancia, la ley de seguridad nacional está diseñada para combatir a las mafias del crimen organizado que asesina, ataca a la población civil, trafica con drogas ilegales, sirve a intereses extranjeros de las mafias internacionales que controlan el tráfico de drogas.

El costo de no legislar está a la vista: una victoria política del crimen organizado.

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26-Abril-2011, Martes.

INDICADOR POLITICO

+ Legalización aumenta consumo

+ 31 mil mueren en EU por drogas

Carlos Ramírez

El principal argumento del escritor Carlos Fuentes para legalizar las drogas se basa en la legalización del alcohol en los Estados Unidos en los años treinta: “hay más borrachos pero menos violencia”, afirmó. Pero la realidad es más dramática: cada año mueren en los EU 75 mil personas por el alcoholismo.

Lo mismo ocurre con las drogas. Aunque en los EU no se ha legalizado su consumo, existe una especie de tolerancia por razones de derechos individuales. Pero lo grave del asunto radica en el hecho de que, según cifras de la DEA, mueren 31 mil estadunidenses al año por consumo de drogas ilícitas, contra 12 mil fallecidas en 1993.

El problema de las drogas no se puede resolver tapando un hoyo y destapando otros. El argumento de la crisis del alcohol en Chicago en los años veinte carece de referencias históricas: el problema de la violencia se dio por la disputa por los mercados de producción, transporte y consumo pero sobre todo por la corrupción de la policía y de las autoridades municipales. Y el desajuste ocurrió porque la prohibición ocurrió por razones religiosas y no se extendió a todo el territorio estadunidense ni a Canadá, lo que propició el contrabando.

La legalización del alcohol no disminuyó la violencia sino que ésta bajó por la desarticulación de las bandas de contrabandista, el encarcelamiento de Al Capone y la creación de un cuerpo de policías federales ajenos a la corrupción. Eso sí, el consumo de alcohol en los Estados Unidos es uno de los problemas más graves del país, afectando a los jóvenes. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EU señala la gravedad del alcoholismo no sólo en el número de muertos anuales, sino en el hecho de que el consumo ha reducido la expectativa de vida y ha dañado a estudiantes interrumpiendo su capacitación educativa. Entre cuatro y cinco mil jóvenes mueren al año por el alcohol, algo así entre 11-13 personas al día.

En este sentido, las afirmaciones frívolas y progresistas de personas como el escritor Carlos Fuentes carecen de racionalidad, de inteligencia y de conocimiento de datos reales. La legalización del alcohol aumentó el número de muertes y de afectados, además de convertir al licor en una de las principales causas de la ruptura de la unidad familiar, además de que las principales causas de los accidentes automovilísticos tienen que ver con el consumo de alcohol.

Por tanto, la legalización del alcohol en los Estados Unidos pudo haber bajado la intensidad de la violencia, pero aumentó el número de muertes. A ello hay que agregar que formalmente no se trató de la legalización del consumo de alcohol sino de finalizar la prohibición porque el consumo era legal.

En las drogas, el daño no sólo tiene que ver con la violencia asociada con la producción, transporte y comercialización ni por la diputa de los mercados de control y de consumo. El principal problema asociado a las drogas tiene que ver con las muertes provocadas por el consumo. Cifras oficiales de los EU revelan que alrededor de 25 a 30 millones de estadunidenses consumen cotidianamente drogas prohibidas, ante leyes y represiones contra el consumo acotadas por los derechos civiles. Por la vía de la aceptación de poseer droga sólo para consumo personal se ha llegado en los EU a una especie de legalización virtual del uso de drogas prohibidas.

La cifra de 31 mil estadunidenses muertos al año por consumo de drogas no es desdeñable. Es decir, en los EU mueren al año por consumo de drogas el mismo número de personas muertas en México por su vinculación con el narcotráfico en el periodo 2007-2011. Y los 31 mil estadunidenses muertos anualmente por consumo de drogas tienen que ver sólo con el uso de sustancias prohibidas.

Los datos que relacionen consumo-muerte en los Estados Unidos revelan el papel central de las drogas por el modelo de legalización virtual en materia de uso personal de drogas. Ese esquema de legalización virtual es el que ha sostenido la actividad de demanda, compra-venta y mercados de comercialización en las calles. Es decir, que el mercado de droga en las ciudades de los EU podría ser considerado como modelo de comercio legal para consumo individual, aunque lo malo para el gobierno estadunidense, según informaciones de la Oficina Anti Drogas de la Casa Blanca, radica en el hecho de que la permisividad en el consumo personal ha generado una estructura sofisticada de oferta que vincula a los cárteles mexicanos con las mafias que controlan la venta callejera.

El ejemplo de la legalización virtual de las droga en los EU y la cifra de 31 mil personas muertas al año por consumo exhiben no sólo el tamaño del conflicto sino que muestran el dato de que la legalización de las drogas sí aumenta el consumo y que el uso permanente conduce a la muerte. De ahí que carezca de viabilidad la propuesta de legalizar las drogas como forma de terminar con la violencia porque al final de cuentas la muerte por consumo de drogas es otra forma de violencia social.

La legalización de las drogas se quiere ver como un problema de flujo económico; es decir, de viabilidad del mercado. Por tanto, la prohibición estimula la demanda, diría el neoliberal antiestatista Milton Friedman, y de ahí que la legalización ajustaría el mercado a la baja. Podría bajar la violencia física pero quedaría el consumo. Y el problema de las drogas no sólo es la violencia en la disputa del mercado por las mafias sino el daño permanente a los usuarios. Le legalización virtual de la droga en los EU ha producido más muertes por consumo que por balaceras, aunque la violencia por la apropiación de mercados también es alta.

El problema de las drogas no tiene soluciones fáciles ni mágicas. Lo que ha quedado claro es que en los EU mueren anualmente 31 mil personas por consumo de drogas.

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25-Abril-2011, Lunes.

INDICADOR POLITICO

+ Sospechoso impulso a El Chapo

+ Stratfor y Forbes, juego de EU

Carlos Ramírez

Presentado como una organización de análisis de inteligencia y seguridad nacional, el grupo Stratfor se ha convertido en parte del juego estratégico geopolítico de los Estados Unidos. Su intención en México es cuestionar al ejército mexicano para facilitar la penetración en México del ejército estadunidense en el escenario de la lucha contra el narcotráfico.

Pero peor aún: Stratfor aparece junto a la revista Forbes en un operativo político estadunidense para fortalecer en México al cártel del Pacífico que encabezan Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Las dos organizaciones privadas formarían parte de una jugada de altos vuelos operada desde Washington: utilizar a El Chapo como el cártel reconocido y a partir de ahí liquidar a las demás mafias.

La revista Forbes, sin cumplir con los criterios metodológicos usados en otros casos, ya introdujo a El Chapo en la lista de los más ricos y más influyentes del mundo. Forbes, por ejemplo, cuantifica la fortuna de los más ricos en función de sus propiedades accionarias y El Chapo no aparece en ninguna bolsa de valores; por tanto, la fortuna “estimada” por Forbes carece de rigor técnico, aunque sirve para también “inventar” la supuesta influencia de poder económico del capo en función de los intereses de Washington.

El último reporte de Stratfor sobre El Chapo es inventado y procede del juego de poder de la comunidad de los servicios de espionaje, inteligencia y seguridad nacional de los EU. Según  Stratfor, el cártel de El Chapo es el que ha salido mejor librado en la lucha mexicana contra el crimen organizado, dando a entender que el gobierno mexicano habría pactado. Por tanto, es el que ha salido más “inmune” en la lucha de México contra el narco. Pero los datos reales, verificables, señalan lo contrario: el cártel de El Chapo es el más lastimado por la ofensiva gubernamental. Sin embargo, la estrategia de Stratfor no radica en reportar la realidad sino en difundir los intereses geoestratégicos de los EU.

Los datos de ejército mexicano consolidados sobre el daño al cártel de El Chapo son diferentes a las especulaciones de Stratfor:

--Ocho grandes capos de El Chapo han sido arrestados o muertos en combate: detenidos Jesús Rangel Beltrán Uriarte El Tío, Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, Jesús Reynaldo Zambada García El Rey Zambada, Vicente Zambada Niebla Vicentillo, Eduardo Teodoro García Simental El Teo, Raúl Sabori Cisneros El Negro y abatido Ignacio Coronel Villarreal Nacho en Guadalajara.

--El cártel de El Chapo dominaba diez estados; hoy sólo tiene influencia en Sonora, Jalisco y Colima y disputa la plaza con los Beltrán Leyva en Sinaloa, Durango y Nayarit.

--El cártel de Juárez de los Carrillo Fuentes le disputa la plaza de Chihuahua.

--Casi el 25% de los arrestos de los once cárteles de narcos ha sido de gente de El Chapo: 28.5% de dirigentes, 29% de operadores financieros; 15% de lugartenientes, 11% de sicarios, 5% de funcionarios y 25% de colaboradores y distribuidores al menudeo. Es decir, 22 mil 547 personas vinculadas a El Chapo han sido detenidas. El Chapo representa el 9% de los once cárteles pero acapara el 25% de los arrestos de narcos.

La ofensiva gubernamental en el sexenio actual ha afectado en primer lugar al cártel del El Chapo. Las cifras revelan el porcentaje de daños causados a El Chapo en los estados de Sinaloa, Durango, Jalisco, Sonora, Nayarit y Colima:

--343 mil plantíos de mariguana, 54 mil 500 hectáreas de mariguana, 126 mil plantíos de amapola, 22 mil hectáreas de amapola, 5.3 toneladas de mariguana, 43 toneladas de semilla de mariguana, 8 toneladas de cocaína, 380 kilos de goma de opio, 10 millones de pastillas psicotrópicas, cerradas casi 2 mil pistas clandestinas de aterrizaje, 517 campamentos destruidos, 201 laboratorios desmantelados, detenidas casi 6 mil 500 personas del cártel del Pacífico, 455 aeronaves decomisadas, detenidos 8 mil 276 vehículos, detenidas 45 embarcaciones, decomisadas casi 25 mil armas, decomisados 37 millones de pesos y casi 100 millones de dólares.

--De las 482 aeronaves de narcos decomisadas, el 94.4% --455-- pertenecen a la organización de El Chapo.

--En agosto de 2009, personal del ejército mexicano localizó y afectó un complejo industrial de cinco laboratorios para elaborar drogas sintéticas en Tamazula, Durango, y se aseguraron 5 toneladas de mariguana empaquetada, 5 kilogramos de cristal, 71 mil litros de sustancias químicas, 13 armas largas, 9 vehículos, 8 cuatrimotos, 1 retroexcavadora, todo este equipo perteneciente al cártel de El Chapo.

--En octubre de 2010 también personal del ejército mexicano, en coordinación con la policía municipal, detuvo en Tijuana a once personas y decomisó 134 toneladas de mariguana empaquetada, 2 armas largas, 7 vehículos, 6 cajas para tráiler y un inmueble, también propiedad del cártel de El Chapo.

--A El Chapo le han matado hijos, hermanos y primos.

Por tanto, las evaluaciones de Stratfor y la lista de Forbes quieren a fuerzas agrandar el poder de El Chapo por así responder a los intereses de los Estados Unidos. En ese escenario hay que localizar la exitosa operación de relaciones públicas de Ismael El Mayo Zambada, socio de El Chapo, al lograr un encuentro social con el dueño de la revista Proceso, Julio Scherer García.

Quedan dos destalles vinculados a Stratfor y Forbes: ¿estuvo presente El Chapo en la reunión de relaciones públicas de Scherer García con Zambada y de ahí procede el agudizamiento de la crítica de Proceso contra el gobierno y el ejército? ¿Y las armas de la operación Rápido y Furioso, de la DEA, fueron a dar a manos de El Chapo para reabastecerlo por los decomisos del ejército mexicano?

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16-Abril-2011, Sábado.

POR VACACIONES DE SEMANA SANTA, INDICADOR POLITICO DESCANSARÁ UNA SEMANA.

SE REANUDA LA PUBLICACIÓN EL LUNES 25 DE ABRIL.

QUE DESCANSEN.

15-Abril-2011, Viernes.

INDICADOR POLITICO

+ El 94 salinista, otra vez aquí

+ Con Marcos, Salinas, Ebrard

Carlos Ramírez

Como para la transición implica un nuevo punto de partida, el país se encuentra todavía con los lastres del pasado: de vez en vez se juntan, casi jalando uno a otro, los personajes de nuestro descontento de 1994.

La semana que termina reaparecieron Carlos Salinas de Gortari defendiéndose por enésima vez de la devaluación de diciembre de 1994, el subcomandante Marcos saliendo del geriátrico político indígena y Marcelo Ebrard con sus estilos salinistas.

Como personajes de novela de Charles Dickens, a los mexicanos se le aparecen los fantasmas del pasado, pero no para prefigurar el futuro sino para recordarnos que el presente es justamente ese mismo pasado. Estos personajes de la Navidad pasada-presente-futura solamente prueban que en México no hubo transición porque éste siempre suele fijar un nuevo arranque; y el regreso del pasado solamente señala los pendientes de una alternancia de élites.

Salinas de Gortari escribió un largo artículo en Milenio Diario para, también otra  pero infructuosa vez, acusar a Ernesto Zedillo, el sucesor que el propio Salinas de Gortari puso, colocó, impuso, selecciono por dedazo, de la responsabilidad de la devaluación y el costo social de 1995. Pero la devaluación, probada con cifras, fue culpa de Salinas en lo que debiera conocerse ya como el error de noviembre de 1994.

En una reunión el día 20 en su casa se dieron los argumentos para devaluar y controlar daños, pero Salinas de Gortari y Pedro Aspe se opusieron por el costo político: Aspe ese día amenazó con renunciar a la Secretaría de Hacienda su devaluaban, aunque luego se auto propuso con Zedillo para continuar al menos por un año en el cargo y con una renuncia firmada y sin fecha. El desequilibrio financiero, la falta de reservas y la ambición de Salinas de Gortari de dirigir la Organización Mundial de Comercio detuvieron la devaluación. Zedillo no tuvo pericia para manejar un ajuste cambiario, pero nada hubiera sucedido si Salinas de Gortari no le hubiera entregado una economía desequilibrada.

Y como casi siempre que reaparece Salinas de Gortari, el subcomandante Marcos encuentra espacios para también compartir atenciones sociales. El martes, Marcos lanzó una nueva carta pública, aunque ya sin las expectativas del pasado, al grado de que La Jornada hizo sólo un breve resumen en su edición impresa y mandó a los interesados a buscar la carta competa en su versión de internet. Sin incidencia en la agenda política, Marcos se asume como el Clausewitz azteca o el Kissinger de este barrio al filosofar sobre la guerra, pero con un razonamiento incoherente. Sus lecturas serían Brecht y otros aunque no le haría nada mal leer a Rafael Sánchez Ferlosio --God & guns y Sobre la guerra-- para saber lo que es la filosofía de la paz.

Como el nuevo Gran Dador Vida, Marcos se quedó con el viejo vicio de armar caballeros andantes. Por eso decidió nombrar al poeta y activista Javier Sicilia como el nuevo Guía de los Descarriados, sin entender que sólo con esa referencia en su carta le restó espacio social a Sicilia porque politizó un asunto de seguridad y lo convirtió en un espacio de agitación de masas. Investido ya como Caballero de la Mesa de Marcos, Sicilia convocó a ooootra marcha contra la inseguridad. Sicilia es el nuevo Antonio del Valle y su movimiento por el asesinato de su hijo es el nuevo Atenco marquista.

Marcos se quedó estancado en las juntas de buen gobierno y su organización de antiguo régimen --así es: Tocqueville dixit-- y sigue a la espera de los Acuerdos de San Andrés en cuanto a autonomía indígena que no llegará por sus tentaciones balcanizadoras, en tanto otros municipios se han modernizado y reciben los beneficios de los programas sociales. Y Marcos se enoja con el gobernador Juan Sabines porque éste ha encontrado el camino para fundar nuevas ciudades con administraciones sociales y populares, mientras las juntas marquistas siguen enredadas en el laberinto de Facundo. Eso sí, hay indicios de que cárteles de la droga están merodeando las juntas para atraer a jóvenes a la vida de delincuentes, mientras el Subcomandante se pierde en la filosofía.

Y el estilo salinista regresó a la ciudad de México --como si alguien pensara que alguna vez se fue-- con un Marcelo Ebrard obsesionado con la candidatura presidencial,  mientras la capital de la república se desarticula social y políticamente y el PRI de Salinas de Gortari sigue subiendo sus expectativas de voto por el factor Peña Nieto. La única posibilidad que le queda a Ebrard para reposicionarse hacia el 2012 es el manejo pronasolero-salinista de la política social y su oferta de regalar bienestar con cargo al erario.

El salinismo como estilo ha gobernado la ciudad de México desde que el PRD ganó las elecciones en 1997, con mucha mayor intensidad pronasolera desde 2000. No existe política de bienestar sino sólo programas asistencialistas que se intercambian por votos y organizaciones neocorporativas de sectores marginales que no tienen incidencia en las decisiones del poder pero que las apuntalan con los acarreos masivos --López Obrador-- o las ceremonias de entrega de cheques --Ebrard--, siempre en el modelo Salinas de subsidiar la pobreza.

Así que la vigencia del salinismo --Salinas, su alter ego Marcos y Ebrard-- solamente confirma que no ha habido transición y que hay que seguir arrastrando a Salinas de Gortari  por un buen rato porque el PRI dice que ya ganó el 2012, Marcos anda salinizado y Ebrard no pierde las esperanzas de que López Obrador acepte algún día que ya pasó su tiempo histórico.

(Por Semana Santa, Indicador Político tomará una semana de descanso a partir de hoy. Nos leemos aquí el lunes 25.)

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14-Abril-2011, Jueves.

INDICADOR POLITICO

+ Narco: ¿quién es el criminal?

+ Polarización o maniqueísmo

Carlos Ramírez

El asesinato del hijo del poeta y activista Javier Sicilia ha llevado a la sociedad a un dilema decisivo: identificar al adversario entre el gobierno o los cárteles de la droga. No hay términos medios.

Los narcos en el pasado priísta no asesinaban porque los dejaban operar no sólo con tranquilidad sino en complicidad con policías y autoridades. Este hecho se conoce hoy como un pacto no escrito entre delincuencia y Estado. La derrota presidencial del PRI en el 2000 dejó sueltos muchos hilos del poder, entre ellos el de las bandas del crimen organizado.

La disputa autoridades-criminales, por tanto, debiera leerse también como uno de los escenarios de la transición: la redistribución del poder. Si en el pasado priísta había un acuerdo, hoy la inexistencia de ese acuerdo forma parte del escenario de confrontación: los delincuentes quieren ya no sólo entendimiento o zonas francas, sino imponer su fuerza para no subordinarse a la clase gobernante y al Estado.

La sociedad ha quedado atrapada entre el pánico social y la violación de su intimidad como daño colateral. Las élites en el pasado miraron hacia otro lado cuando el narco apareció en Sinaloa y Guadalajara sobre todo porque su espacio de acción era en las zonas periféricas del núcleo clasemediero. Pero llegaron los secuestros y esas élites sintieron vulnerado su entorno. Y ahora es la violencia del narcotráfico en las calles.

A la sociedad le ha llegado el momento de identificar al adversario: ¿es la autoridad que pasó a la ofensiva contra bandas criminales que sin el acuerdo priísta salieron a fijar su territorio o es el crimen organizado que se encuentra detrás de la mayoría de crímenes? Hasta donde se tienen datos, al hijo del poeta Sicilia lo asesinaron delincuentes. Pero su furia ha sido orientada hacia el Estado y la autoridad. Además de la decisión dolorosa de perder a un hijo, queda de todos modos la opción racional de identificar al enemigo.

El país está pasando de una polarización al maniqueísmo. Y del pánico social a la articulación opositora. Los exabruptos de Sicilia están armando un frente opositor en donde una parte de la sociedad prefiere convivir con los delincuentes que combatirlos. Se trata de una decisión personal, propia, racional. Ya no se trata de enfoques sociales de convivencia o de pluralidad. Los gritos de la corriente de no más sangre nada han hecho para condenar a El Chapo Guzmán, a El Mayo Zambada o a El Lazca-Zetas. Piden la renuncia de funcionarios pero no el cese de los capos.

La protesta tiene dos niveles: la impulsada por el dolor y la dominada por las opciones. La primera justifica todo. La segunda argumenta las racionalidades. El poeta y activista Javier Sicilia colabora en la revista Proceso y es la hora en que no ha tomado posición sobre el encuentro social de Julio Scherer García con el Mayo Zambada, uno de los altos capos del cártel de Sinaloa jefaturado por El Chapo Guzmán, los dos en la lista de los criminales más buscados y los dos responsables de la lucha violenta entre cárteles y contra las autoridades y el Estado.

Una cosa es razonar filosófica, cristiana y liberalmente sobre la legalización de las drogas para convertir a los narcos en finísimas personas y otra cosa es eludir las definiciones. No ha habido ningún pronunciamiento claro de Sicilia contra los capos, salvo convocatorias cristianas a terminar con la violencia. El movimiento “no más sangre” ha cuajó como una organización anti gubernamental. El problema no es que haya sido así, sino que se convierta la lucha contra la inseguridad en una oculta bandera de oposición.

La sociedad debe vigilar y denunciar excesos, insatisfacciones e incapacidades en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Pero debe dejar claro dónde comienza la indignación y donde termina la militancia anti gubernamental. En 1997 Marcelo Ebrard, entonces militante y candidato del Partido Verde, inventó la frase “México necesita menos rojo y más verde” para criticar la disputa sangrienta por el poder que había sumido al PRI, desde los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, aunque él mismo hubiera sido militante salinista en esos meses de la política violenta. Hoy el “no más sangre” forma parte ya de la misma oposición anti gubernamental.

Hasta ahora la militancia de Sicilia se ha centrado en la exigencia de resultados, aunque su estridencia esté entorpeciendo las investigaciones. Hasta el subcomandante Marcos se ha sumado a la capitalización (¿carroñera?) de las tragedias al designar a Sicilia como el heredero de un movimiento anti gubernamental. Pero se trataría del mismo Sicilia que no ha tomado posición de la fotografía del director de Proceso, revista de la que forma parte editorial, bajo el brazo protector del temible El Mayo Zambada, responsable de tráfico de drogas y de asesinatos.

Los cárteles de la droga aparecen en las críticas con responsabilidad circunstancial en la violencia criminal. Pero no ha habido una sola palabra de condena de la sociedad civil contra Los Zetas, señalados ya como responsables de la violencia en Tamaulipas y de las fosas clandestinas con más de 120 muertos por negarse a convertirse en miembros de las bandas en la fase desesperada de la leva delincuencial. El jefe de Los Zetas, el Lazca, Heriberto Lazcano Lazcano, aliado de los Beltrán Leyva que se asentaron en Cuernavaca. ¿Cuántos desplegados de la sociedad civil ha habido contra los cárteles y sus jefes, cuántas declaraciones directas y no elusivas ha habido contra las mafias? Hasta ahora: ninguna. Eso sí, hay pruebas de que los cárteles manejan organizaciones de derechos humanos para bloquear la acción de las autoridades.

El maniqueísmo, de origen religioso, conduce a la definición a nfavor del adversario.

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13-Abril-2011, Miércoles.

INDICADOR POLITICO

+ Morelos: perfil de no-sociedad

+ El Chapo y Zambada, de fiesta

Carlos Ramírez

Una estrategia mediática parece haber envuelto el conflicto de seguridad en Morelos para responsabilizar a los gobiernos federal y estatal y excluir al crimen organizado, a los cárteles de la droga y a los anteriores gobiernos priístas.

El crimen organizado se asentó en Morelos, sobre todo en Cuernavaca, bajo el gobierno de Jorge Carrillo Olea, responsable de áreas de seguridad, inteligencia y narcotráfico durante el gobierno de Carlos Salinas. En 1998 tuvo que renunciar cuando la sociedad se movilizó ante hechos contundentes: el procurador, el jefe judicial y el comandante antisecuestros de Carrillo Olea controlaban a las bandas de secuestradores locales.

Hoy el sobrecalentamiento de las protestas contra la inseguridad se ha enfocado contra el gobierno del presidente Calderón y como parte de la estrategia de polarización de grupos organizados alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Las protestas por el asesinato del hijo del poeta y activista Javier Sicilia han ignorado a los cárteles de la droga.

En las marchas recientes no hubo ninguna pancarta dirigida contra El Chapo Guzmán o contra Ismael El Mayo Zambada, dos de los capos de la droga que son corresponsables de la violencia criminal. Los actos criminales en su mayoría han respondido a disputas por el mercado de consumo interno y por el control de las rutas de trasiego de droga hacia los Estados Unidos.

Lo que ha demostrado la respuesta social ante los crímenes en Cuernavaca ha sido la desorganización de la sociedad, la tendencia a la estridencia y su incapacidad para construir espacios de observación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. La sociedad agraviada debería de construir mecanismos de coadyuvancia y de vigilancia de las políticas oficiales de seguridad, sobre todo en lo referente a la supervisión de la limpieza de los cuerpos de seguridad. Asimismo, la sociedad ha dejado pasar tiempos de oportunidad para la participación directa en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas de seguridad pública.

En lugar de una sociedad organizada, en México se ha visto la consolidación de una sociedad-masa, anónima y al mismo tiempo acumulativa. La protesta excita pero no encauza. La estridencia sustituye la organización. En el caso de los jóvenes de Cuernavaca hay una correspondencia mediática con el de los jóvenes de Ciudad Juárez acribillados: importa la salvaguarda de la personalidad y no la explicación del contexto.

La crisis de seguridad se localiza no en los resultados por debajo de las cifras de violencia sino la exigencia a detener la ofensiva para buscar un pacto de entendimiento con los delincuentes. Pero un pacto significa no sólo una redistribución del poder social y político sino el reconocimiento social a los delincuentes. En un pacto los delincuentes pasan a ser parte de la sociedad. Y por tanto, a exigir los beneficios implícitos.

La sociedad-masa entra en pánico porque ha visto violado su espacio de singularidad, de individualidad. Por eso la sociedad-masa se oculta en lo multitudinario, escribe Elías Canetti en Masa y poder. El tema del acuerdo gobierno-delincuentes no tiene el referente de los delitos sino el de la recuperación de una tranquilidad acotada: es preferible que los delitos le ocurran a los otros que a uno y mejor si en un pacto de convivencia se alejan las zonas francas a los territorios de pobreza, como en el pasado.

La sociedad-masa no analiza: se comporta. Por eso no quiere que le expliquen las razones del aumento de la delincuencia, ni se quiere enterar por qué se dispararon los delitos cuando el PRI perdió el poder presidencial y los hilos del control social quedaron sueltos. Ha olvidado que el sistema político se construyó a partir de la criminalidad del poder. Y que por tanto no podía ser democrático. ¿No fue acaso la represión a la disidencia un acto de criminalidad del poder? ¿No hay una explicación racional al hecho de que las principales policías del poder priísta --la Federal de Seguridad y la Judicial Federal y la de Prevención de la Delincuencia en el DF-- hayan derivado en cómplices de los capos del crimen?

¿Dónde están los intelectuales en esta crisis de seguridad?, se pregunta el escritor Héctor de Mauleón en El Universal. La respuesta no es difícil de encontrar: en la sociedad-masa. ¿Dónde está la razón como antídoto a la violencia criminal? No es casual que el grito de “estamos hasta la madre” ilustre la mediocridad de la protesta. Como en la película Juana Gallo, a María Félix le dicen que se acabaron  las balas y ella contesta: “miéntenles la madre que también duele”. No hay organización sino mentadas.

La sociedad-masa es producto del colapso de los cuerpos intermedios: partidos, élites, medios, liderazgos sociales, grupos de presión y ONG´s creadas para la coacción mediática y no para la conformación de instancias de observación, supervisión y hasta calificación de funciones públicas. ¿Dónde estuvo el Congreso en las horas posteriores a los asesinatos en Cuernavaca? ¿Dónde estuvieron los debates legislativos para la conformación de nuevas leyes contra la inseguridad? ¿Dónde se perdieron los partidos para operar una transición de a deveras que pudiera impedir que los hilos de poder criminal quedaran sueltos?

Ciudad Juárez se perdió en una sociedad-masa polarizada y en un sistema político desarticulado. Tamaulipas se des-socializó. La zona metropolitana de Monterrey cayó en las garras de la delincuencia a pesar de las advertencias a tiempo. Ahora fue Cuernavaca, donde la criminalidad fue producto de las complicidades del gobierno priísta de Carrillo Olea. El DF se acerca a esa ingobernabilidad criminal producto de la ausencia de una política de seguridad pública, y luego de los secuestros y asesinatos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace.

Al final, la sociedad-masa ha dominado a la sociedad participante.

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